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“Guerra sucia” desnuda a candidatos y Gobierno

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La ola de denuncias públicas generada como parte de “la guerra sucia” en este proceso electoral arroja un saldo de presuntos desvíos de recursos por más de 325 millones de pesos y la supuesta adquisición ilegal de terrenos, con una extensión superior a tres mil hectáreas, en los cuales están implicados candidatos a gobernadores así como funcionarios del Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno del Estado.

De abril a la fecha también se registró la detención de un candidato a presidente municipal, la denuncia de acoso sexual interpuesta por una aspirante a legisladora local, e incluso, un postulante a alcalde declaró ser hostigado con prácticas de supuesta brujería.

A 10 días de los comicios sigue el proceso de integración de las carpetas de investigación en torno a las 20 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y de las querellas en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

Tanto el gobernador Rolando Zapata Bello como candidatos a gobernador de diversos partidos políticos ya fueron denunciados por participar de manera directa en numerosas irregularidades, al mismo tiempo son acusado de que junto con dirigentes de militancias son promotores de la “guerra sucia”.

El primer caso registrado en este segundo trimestre del año fue la detención del candidato a la alcaldía de Río Lagartos por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Manuel Gerardo Rodríguez Mendoza, a quien se le aseguraron dos millones de pesos y una pistola 9 mm, motivo por el cual elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo trasladaron a Mérida.

Luego de más de 24 horas de su detención fue liberado, ya que como empresario pesquero tenía la autorización bancaria de transportar tal cantidad de dinero, además de que como retirado de la Armada de México puede portar un arma de fuego.

Posteriormente, el 30 de abril, el candidato a gobernador por Morena, Joaquín Díaz Mena, denunció la existencia de 21 supuestas “empresas fantasmas” creadas y contratadas tanto por el Gobierno del Estado como por el exalcalde Mauricio Vila Dosal, aspirante al Ejecutivo por el Partido Acción Nacional (PAN).

Entre 2017 y 2018 presuntamente se desviaron 220 millones de pesos, y con las pruebas que tenía interpuso una denuncia ante la ASEY, pero dos semanas después los propietarios y empleados efectuaron una protesta en la casa de campaña del también conocido “Huacho” Díaz y levantaron una querella ante la FGE en contra del expanista.

Recientemente, dirigentes del partido Movimiento Ciudadano y del PAN denunciaron desvío de recursos por más de 100 millones de pesos a través de la red de empresas encabezadas por A Moot Point, la cual fue creada el 19 de noviembre de 2014.

Asimismo, denunciaron al candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mauricio Sahuí Rivero, por desvío de cuatro millones 721 mil 548 pesos cuando fungía como secretario de Desarrollo Social (Sedesol)–Yucatán.

Incluso, Vila Dosal aseveró que Sahuí Rivero tenía un rancho de 93 hectáreas en Nolo, comisaría de Tixkokob, pero días después los coordinadores de su campaña aseguraron que era otro el propietario.

También como parte de la guerra sucia emprendida por Zapata Bello, el 23 de mayo fueron citados a declarar los regidores del PAN, José Luis Martínez Semerena y Mauricio Díaz Montalvo, de acuerdo con la denuncia interpuesta en agosto de 2017 por el exdirector de Abastos, Santiago Alamilla Bazán.

La denuncia estaba en la “congeladora” de la FGE. Ambos funcionarios municipales fueron denunciados por el presunto desvío de recursos públicos en 2017, que fueron destinados para acudir a eventos partidistas efectuados en la Ciudad de México.

El pasado lunes 18, el secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) Yucatán, Tonatuih Villanueva Caltempa, denunció a Roberto Rodríguez Assaf, coordinador de campaña de Sahuí Rivero, por beneficiar a su hermana y a su progenitora con la entrega de terrenos nacionales del Estado, con una extensión de cerca de dos mil hectáreas, quienes efectuaron 40 operaciones millonarias.

El también regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseveró que denunciará dicho atropello ante el Registro Agrario Nacional (RAN).

Ninguna de esas denuncias ha tenido un avance en los hechos y todo parece indicar que sólo formarán parte del anecdotario del proceso electoral.

 

ACOSO Y BRUJERÍA

La candidata del PRD a diputada local por el Distrito 04, Nidia Selene Torres Peniche, interpuso una denuncia penal ante la agencia 35 del Ministerio Público en contra de “Alfredo”, por los delitos de acoso sexual y violencia de género, ya que el pasado 27 de abril usó las redes sociales para agredirla.

De igual forma, el candidato del PRI a la alcaldía de Dzilam González, Christian Carrillo Baeza, interpuso denuncia por actos vandálicos en su contra y hostigamiento con prácticas de supuesta brujería.

En la puerta de su predio le tiran “fetiches” con tal de que pierda en las elecciones.

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