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Gobierno tendrá que pagar más de 700 mdp a Marhnos

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El presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Yucatán, Manuel Díaz Suárez, exigió una investigación a fondo y que se finquen responsabilidades a quienes hayan tomado las malas decisiones que derivaron en un pago del Gobierno Estatal por más de 700 millones de pesos a la empresa Marhnos, por la cancelación del contrato para la construcción del Hospital de Ticul.

El legislador expresó que es preocupante que por errores de algunos funcionarios estatales ahora se tenga que “agarrar” del erario para saldar ese millonario monto.

En diciembre del año pasado se dio a conocer que el Grupo Marhnos, principal accionista de la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península (IHP), encargada de construir el Hospital de Ticul, solicitó al Gobierno del Estado el pago de 645 millones de pesos de indemnización por la cancelación del contrato que firmó con dicha compañía. Sin embargo, la administración estatal sólo ofrecía el pago de 125 millones de pesos.

El tema estaba en litigio ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París. El inmueble es una obra negra y abandonada desde hace tres años; se llegó casi al 60 por ciento de su construcción pero por cuestiones administrativas y por falta de interés política se canceló, lo que deja al sur de la entidad sin servicios de salud de primera calidad.

La empresa mantenía una denuncia contra el Gobierno del Estado que encabeza Rolando Zapata Bello ante la Corte Internacional de Arbitraje y el pasado mayo el Tribunal Arbitral que designó la Corte falló a favor de la empresa. Por tal motivo, el Ejecutivo Estatal tendrá que pagar 723 millones de pesos.

“Es preocupante que esto suceda, estoy seguro que la ciudadanía quiere que todo esto derive en consecuencias y en responsabilidades de quienes tomaron malas decisiones desde la presentación y la cancelación del proyecto”, aseveró el legislador.

La ciudadanía, agregó, no tiene qué pagar por los errores de otros, por eso tiene que haber responsabilidades y consecuencias. Esto no puede seguir sucediendo y aunque a muchos políticos no les guste, tenemos que ser más democráticos.

“Hemos preguntado y una y otra vez al Gobierno del Estado la situación de ese fallido hospital y dijeron en su momento que no era un hospital sino que era un proyecto, al final de cuentas la respuesta fue muy contundente y hoy está el resultado”, puntualizó.

“Son más de 700 millones de pesos que tendrá que pagar la entidad por errores de quienes administran el Estado y no se pueden ir sin consecuencias, alguien tiene que asumir responsabilidades por este error, no puede seguir pasando lo que ha pasado en el Gobierno”, aseveró.

Díaz Suárez reiteró que exigirá que se investigue, que se asuman responsabilidades y que se dañe en lo menos posible el erario público porque la sociedad no tiene qué pagar errores de malos funcionarios públicos.

“El llamado es a todas las autoridades que les compete tomar cartas en el asunto, que se investigue a fondo y se finquen responsabilidades a quien haya tenido errores administrativos y decisiones equivocadas. Espero que haya mucha congruencia porque la sociedad exige mayor congruencia a los políticos”, manifestó.

 

LA OBRA

En septiembre de 2012, la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco anunció la construcción del Hospital de Ticul. Dos años después, el gobernador Rolando Zapata Bello canceló el contrato.

La construcción del hospital se signó bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) por un monto total de 900 millones de pesos.

El edificio fue adquirido en escritura pública el 16 de marzo de 2011, el propietario es el Estado de Yucatán representado por Ivonne Araceli Ortega Pacheco, en su calidad de gobernadora. Se obtuvo en propiedad plena a Yalili Salomón Isaac, quien era el dueño anterior, con el tablaje catastral 1466, 1467, 1491, 1498 y 1506 y cada uno de estos lotes se vendió en un millón 700 mil pesos.

 

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