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Mega granja en Homún seguirá sin operaciones

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La jueza Cuarta de Distrito, Miriam Cámara Patrón, concedió la suspensión definitiva de la mega granja porcícola de Homún y ordenó al Gobierno del Estado que encabeza Mauricio Vila Dosal, garantizar el cese de operaciones en tanto se resuelve el juicio de amparo.

El equipo Indignación y la agrupación Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los cenotes), informaron en un comunicado que, luego de la audiencia incidental el nueve de octubre y de una inspección judicial de funcionarios del Juzgado Cuarto de Distrito a la empresa Producción Agroalimentaria Porcícola (PAPO) Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, su titular, Miriam Cámara estableció que tanto el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) debían ordenar la inmediata paralización de la granja porcícola.

La magistrada basó su resolución en tres puntos principales: uno, que se cumplían los elementos de procedencia, puesto que la suspensión no afecta el interés público, sino por el contrario, es una medida tendiente a garantizar el interés de la sociedad porque se conserve el medio ambiente sano, el derecho a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico.

Uno de los elementos que se pudo corroborar durante la inspección judicial fue que la planta de tratamiento de aguas se encontraba inconclusa, situación que podría significar un riesgo inminente de afectación al medio ambiente, dado que podrían descargarse aguas sin el adecuado tratamiento en una zona especialmente sensible como es la Reserva Geohidrológica “Anillo de los cenotes”, declarada área natural protegida.

Dos, que aunque existía una presunción de que la granja operaba con los permisos necesarios, resultaba prioritario hacer efectivo el principio de prevención y precaución, que establece que cuando en la implementación de una tecnología o proyecto haya un peligro de daño grave o irreversible para el medioambiente o la salud, aun ante la falta de certeza científica, es necesario adoptar medidas eficaces para evitar ese daño.

Dicho riesgo se corroboró con diversos estudios científicos ofrecidos por los representantes legales de la comunidad de Homún, que señalan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de contaminación de las aguas subterráneas de la Península de Yucatán.

Tres, resulta evidente que en ninguno de los permisos y autorizaciones otorgados a la granja porcícola se respetó el derecho a la consulta y participación, establecido tanto en la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas como en el Convenio 169 de la OIT y diversas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La suspensión, notificada el miércoles por el Juzgado Cuarto de Distrito da un plazo de tres días tanto al gobernador del Estado como a la Seduma para que informen de los actos que han realizado para cumplir con la determinación judicial, es decir, las acciones para garantizar el cese de actividades de la granja, advirtiéndoles que en caso de no hacerlo podrían estar sujetos a responsabilidades administrativas e incluso penales, además de multas.

Aunque la suspensión decretada no significa la culminación del juicio, sí garantiza que la paralización de las actividades de la granja estará vigente mientras dure el proceso ante el Juzgado Cuarto, cuya audiencia constitucional se efectuará a mediados de noviembre próximo.

El juicio de amparo cuyo expediente es el 1128/2018 fue presentado el día 28 de septiembre por seis niños, niñas y adolescentes de Homún.

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