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Legal, detención de pareja; le dictan prisión preventiva

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La muerte del oficial Manuel Felipe Neri Blanco Méndez habría sido un acto de desesperación del presunto homicida Ángel G.C., ante la crisis de pánico por el secuestro de su progenitor en Quintana Roo.

Ante las pruebas en contra del presunto homicida y de su esposa N.R.P., el juez Segundo de Control, Luis Edwin Mugarte Guerrero, determinó que la detención de la pareja fue legal y estableció la medida cautelar de prisión preventiva.

Ambos fueron imputados por los delitos de homicidio calificado en contra del elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y de homicidio calificado en grado de tentativa en contra del agente de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Antonio Rodríguez Basto, y daño en propiedad ajena.

El supuesto asesino se abstuvo a declarar en todo momento, sin embargo, en diversos medios electrónicos se estableció que de manera previa se responsabilizó del asesinato, y exoneró a su acompañante porque ella sólo obedecía lo que le decía.

La audiencia de vinculación de proceso resultó complicada pues ambos fueron trasladados bajo fuerte operativo de seguridad, cuyo convoy arribó al Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) a las 9:20 horas, es decir, 10 minutos antes del vencimiento del plazo de 48 horas.

Posteriormente se pospuso más de una hora y se prolongó por más de tres. Durante ese lapso, ambos se mantuvieron cabizbajos y se reservaron el derecho de declarar en torno a los hechos ocurridos el martes 13.

De acuerdo con el expediente, el día de los hechos, a las 5:10 horas, la Unidad de Inteligencia y Monitoreo de la SSP recibió una llamada de auxilio de los hoy detenidos desde la Plaza “El patio”, ya que el progenitor del presunto homicida fue secuestrado en Quintana Roo.

Minutos después los servidores públicos arribaron al lugar a bordo del Versa blanco, seguidos por el comandante Ángel de Jesús Santos, quien estaba en otra unidad oficial, un Attitude Dodge.

Los elementos, adscritos a la Unidad Antisecuestro de la FGE, se entrevistaron con los presuntos responsables, provenientes de Caoba, Quintana Roo, que estaban en compañía de sus dos hijos M.F. y M.A.

Ángel G.C. explicó que huyeron de dicha población a bordo de una camioneta Xtrail gris que abandonó en Ticul para despistar a las personas que los perseguían a bordo de un auto rojo, y tomaron un taxi para llegar a Mérida.

Con esa versión  abordaron el vehículo oficial para acudir al Ministerio Público a interponer la denuncia, y por ende abrir una carpeta de investigación.

En la audiencia se estableció que los agentes no revisaron las pertenencias de ambos, ya que “inspiraban confianza” e iban en calidad de víctimas.

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