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Millonario desvío en el gobierno de Zapata

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El Gobierno del Estado encontró irregularidades financieras de la anterior administración que encabezó Rolando Zapata Bello, principalmente en dependencias como las secretarías de Salud, Educación y Administración y Finanzas, que habrían causado daño patrimonial por más de 500 millones de pesos.

Al dar a conocer un balance de la entrega-recepción, la titular de la Contraloría General del Estado (Scgey), Lizbeth Basto Avilés, informó que ante estas anomalías el próximo 14 de enero  interpondrán 26 denuncias ante los organismos fiscalizadores correspondientes.

Recordó que desde el primer día de este Gobierno se ha realizado un exhaustivo trabajo de revisión de los procesos de entrega-recepción con responsabilidad y siempre con apego a la legalidad.

El pasado primero de octubre se realizaron 270 procesos de entrega-recepción. Al día siguiente y hasta el 31 de diciembre, ascendieron a mil 938 de direcciones generales y departamentos que forman la estructura del Poder Ejecutivo, así como de entidades descentralizadas y organismos desconcentrados.

“En el proceso de revisión e investigación de esas casi dos mil carpetas se han encontrado irregularidades financieras en dependencias como las secretarías de Salud, de Educación y de Administración y Finanzas, principalmente”, puntualizó.

Sólo en estos casos, precisó, el monto de las irregularidades a denunciar asciende a aproximadamente 533 millones de pesos que inicialmente darán lugar a seis denuncias.

Agregó que al menos otras 20 denuncias adicionales serán por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios y discrepancias administrativas halladas en los procesos de entrega recepción.

Las dependencias involucradas en estas 20 denuncias adicionales son las secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico.

También, los institutos de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), Deporte (IDEY), Seguridad Jurídica Patrimonial (Insejupy), Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay),  Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM),  Instituto Tecnológico Superior Progreso,  Patronato de las Unidades Culturales y Turísticas del Estado de Yucatán (Cultur) y Hospital Comunitario de Peto.

“Por ejemplo, en la Secretaría de Educación se detectaron 758 bienes muebles y tecnológicos faltantes; en el caso del sector salud no aparecen 260 bienes, entre ellos una incubadora, equipo e instrumental médico y de laboratorio, bienes informáticos y mobiliario”, destacó.

Acompañada de la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra y del Consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, la Contralora Estatal refirió que las 26 denuncias en su conjunto están siendo integradas, con toda la documentación correspondiente, y serán presentadas el próximo lunes 14 de enero ante los órganos correspondientes, tales como la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

Además, están en proceso de revisión e integración otras siete carpetas de investigación  por diversos faltantes e irregularidades financieras en dependencias como las secretarías de Desarrollo Rural y Desarrollo Social y los institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) y para la Construcción y Conservación de Obra Pública (Inccopy), así como otras más en la Secretaría de Salud. Estas ascenderían a un monto de 160 millones de pesos.

Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación, derivado de la revisión de la cuenta pública 2017, ha instruido fincar responsabilidades administrativas de 43 casos de programas como el Seguro Popular y Escuelas al 100, y fondos como el de Aportaciones Múltiples, de Infraestructura Social, de Servicios de Salud y de Fortalecimiento de Entidades Federativas.

De acuerdo a sus facultades la Contraloría estatal hará las tipificaciones correspondientes a los funcionarios involucrados por las irregularidades cometidas y turnará a la ASEY para que aplique las sanciones correspondientes.

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