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Sancionó Codhey en 2018 a 211 servidores públicos

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) sancionó en 2018 a 211 servidores públicos estatales y municipales por violaciones a derechos, a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo.

Al rendir su informe anual de actividades ante el Congreso del Estado, Miguel Óscar Sabido Santana, presidente del organismo autónomo, informó que durante 2018 se emitieron 40 recomendaciones generales, principalmente hacia la Secretaría de Seguridad Pública (SSSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mencionó que durante el periodo del primero de enero al 31 diciembre de 2018, recibieron en las oficinas de Mérida, las delegaciones de Valladolid y Tekax, y los enlaces, un total de tres mil 566 solicitudes de atención, es decir, un promedio de 10 asuntos por día.

Los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: prestación indebida del servicio público, 294; detención arbitraria, 215; lesiones, 187; amenazas, 81; retención ilegal, 60; robo, 60; allanamiento de morada, 52; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 51; violación a los derechos de los niños, 40; y violación del derecho de los menores a que protejan su integridad, 38.

Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública con 183; Secretaría de Educación, 29;  Ayuntamiento de Kanasín, 26; la Fiscalía General del Estado, 25;  Ayuntamiento de Mérida, 12; Ayuntamiento de Progreso, 11; Secretaría de Salud de Yucatán, 8; Ayuntamiento de Tekax, 6; Ayuntamiento de Hoctún, 5; y Ayuntamiento de Valladolid, 5.

El presidente de la Codhey detalló que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 113 medidas cautelares a un total de 18 autoridades, de las cuales 95 fueron aceptadas, es decir, el 84 por ciento de las medidas dictadas.

Se interpusieron ante el Ministerio Público 15 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que, además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender actos presuntamente delictivos.

Se llevaron a cabo 169 diligencias con relación al incidente extraordinario de presentación de personas, para la búsqueda y localización de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente.

Las 40 recomendaciones fueron dirigidas a un total de 28 autoridades. Las cinco más recomendadas fueron: Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 11; Fiscalía General Estado, 5; presidentes municipales de Motul, Progreso y Ticul, 2 cada uno.

 

DEFICIENCIAS

Ante diputados locales, empresarios, representaciones de la sociedad civil y funcionarios federales, el ombudsman también señaló las deficiencias detectadas en los 125 centros de salud ubicados en los 106 municipios, como  falta de personal, equipo, material de trabajo y medicamentos así como, en algunos casos, insensibilidad en el trato a los pacientes.

De los resultados de las investigaciones realizadas durante 2018 por el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, destacó que en los 125 centros de salud se pueden señalar que los 10 que presentaron mayores deficiencias se encuentran en los municipios de Kantunil, Samahil, Chemax, Progreso, Valladolid, Ticul, Panabá, Tekax, Uayma y Kanasín.

Exhortó a las autoridades promover el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares así como brindar servicios más efectivos y de calidad.

Las supervisiones también incluyeron las cárceles municipales y a las instalaciones del área de detención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde se observó que el 68 por ciento de los municipios no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención.

Entre las irregularidades, se encuentran que carecen de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas, no se les practica ninguna valoración médica, presentan deficiencias en cuanto a higiene, ventilación e iluminación tanto artificial como natural; las comandancias se encuentran lejanas a las cárceles municipales y carecen de personal médico, entre otras.

Las 10 cárceles que presentaron mayores deficiencias fueron de Acanceh, Dzan, Kaua, Tahmek, Tecoh, Ticul, Tzucacab, Yobaín, Chemax y Peto. Los municipios que realizaron cambios de sede y de infraestructura, que mejoraron considerablemente sus condiciones, fueron: Teya, Opichén, Suma de Hidalgo y Buctzotz.

 

PROTESTA

Durante su informe, ciudadanos a favor del llamado “matrimonio igualitario” protestaron en el Pleno del Congreso por declaraciones previas de Sabido Santana, quien habría declarado que este tema debería someterse a consulta.

Los activistas Pablo Alemán Góngora y Douglas Canul Maldonado portaron pancartas donde manifestaban que los derechos humanos no son sujetos de encuestas públicas de opinión.

Al respecto, Sabido Santana afirmó que sus declaraciones fueron mal interpretadas, sin embargo, se limitó en ofrecer una opinión detallada.

“Se mal entendió porque me preguntaban si habían temas que se debían someter o no a consulta, y yo dije que hay temas, no derechos, hay temas que es muy diferente, yo creo que se salió de contexto esta entrevista… si tengo un posicionamiento lo haré en su oportunidad puntualmente para que no quede duda de la posición de la Comisión”.

Los derechos humanos no se consultan, o entendí mal la pregunta, di mala respuesta o se salió de contexto, sentenció.

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