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Preocupa a activistas amparo en caso de la granja en Homún

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Miembros de la Asociación “Guardianes de los Cenotes” y del Equipo Indignación acudieron ayer al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación para solicitarle a los magistrados no desechar el amparo promovido contra el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de la granja porcícola de Homún.

“Hay un proyecto que se va a discutir el día de mañana (por hoy) que contiene algunas consideraciones que nos preocupan, una de ellas es la aseveración de que el MIA no debió someterse a consulta a pesar de que estamos en una comunidad indígena; nosotros pensamos que es un criterio regresivo.

“El otro punto es que no se considera el principio precautorio que obliga al Estado implementar medidas frente a mega proyectos que pudieran generar un daño irreversible”, explicó Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Indignación.

Señaló que existen razonamientos regresivos expresados en el “proyecto de sentencia” que son contrarios a los criterios amplios de protección a los derechos humanos, que van contra los derechos de los pueblos originarios, ponen en riesgo el medioambiente, la reserva geohidrológica del anillo de los cenotes y el modo de vida de la población.

El proyecto de sentencia es público y está programado para ser el primer asunto que desahogarán hoy jueves, a partir de las 10 de la mañana, las magistradas y magistrado que conforman el Tribunal.

El amparo en revisión se refiere a la Manifestación de Impacto Ambiental presentado con irregularidades tan evidentes, como la firma de una dentista que no demuestra tener conocimiento en materia ambiental.

“Se pretende avalar y acreditar la visión de desarrollo que dice que la inversión porcícola es lo que necesita este Estado frente a la visión de desarrollo de la propia comunidad, que dice que  tiene una forma distinta de trabajar, a través del turismo y los cenotes.

Asimismo, frente a un modelo que está protegiendo el proyecto de sentencia a favor de los empresarios, que sólo porque dan 20 empleos lo consideran desarrollo”, aseveró.

Además, la argumentación señalada en el proyecto de sentencia contraria el principio de progresividad y de protección más amplia que deben tener los derechos humanos. Contrario a eso, muestra un carácter regresivo: limita y desprotege a los pueblos, puntualizó.

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