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Reactivan lucha por el matrimonio igualitario

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Activistas y personas con orientaciones sexuales diferentes solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) la emisión de una recomendación dirigida al Congreso local, ante el rechazo de la iniciativa del matrimonio igualitario en esta entidad.

Los interesados llegaron hasta el edificio de la Comisión para hacer la solicitud, pues reprueban la actitud de los legisladores yucatecos, quienes no respetaron los derechos humanos de las personas que resultarían beneficiadas con la aprobación de la respectiva reforma a la ley, por lo que nuevamente son vulneradas sus garantías individuales.

La representante estatal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Adelaida Salas Salazar, reprobó la postura de los diputados locales, quienes en un principio se manifestaron comprometidos pero al final, en voto secreto, cancelaron la iniciativa.

“Pedimos la intervención de la Codhey por la actuación de diputados y diputadas con respecto al matrimonio igualitario”, expresó durante la conferencia de prensa que presidió en la puerta de dicha instancia.

Por su parte, la activista Ligia Vera Gamboa explicó que “se entregó un oficio donde se le solicita a la Comisión emitir las recomendaciones respectivas ante las instancias que vulneran los derechos humanos”.

En este caso se trata del Congreso del Estado y su rechazo a la iniciativa del matrimonio igualitario, precisó.

De igual modo, reprobó lo ocurrido en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, efectuada el pasado miércoles 10, donde se dio un revés a las personas con orientaciones sexuales diferentes que buscan poder enlazarse por la vía civil en la entidad.

Durante el evento, con 15 votos en contra y nueve a favor, emitidos mediante cédula (de manera secreta) por acuerdo de la Mesa Directiva, no fue aprobado el dictamen para modificar la Constitución Política del Estado en materia de matrimonio igualitario.

Al no contar con las dos terceras partes del pleno de la LXII Legislatura, es decir, 17 sufragios, las modificaciones que permitirían a personas del mismo sexo casarse en esta entidad, sucumbieron.

Ambas activistas consideraron la postura legislativa como un rechazo y desacato a la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred).

Esas recomendaciones señalan claramente que negar que dos personas del mismo sexo puedan casarse por lo civil, es discriminatorio y vulnera sus derechos humanos.

El documento entregado a la Comisión de Derechos Humanos de esta entidad está firmado por la titular de Ciencia Social Alternativa, Nancy Walker Olvera; la académica Gina Villagómez Valdez; Hervé España, y Alejandro Orué, entre otros representantes de organismos civiles.

Sin embargo, en la edición de ayer le informamos que el secretario ejecutivo de ese organismo autónomo, José Gustavo Arjona Canto, explicó que interponer un recurso de inconstitucionalidad no procedería, debido a que éste se ejecuta dentro de los primeros 30 días de la promulgación de una norma.

Pero en este caso no se le está demandando una acción de inconstitucionalidad, sino una recomendación en contra del dictamen del Congreso que dejó sin posibilidad a las parejas del mismo sexo a casarse por la vía civil en esta entidad.

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