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Exigen respuesta a 86 amparos de estancias

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Representantes de estancias infantiles se manifestaron a las puertas del Poder Judicial de la Federación en Mérida, para exigirles a los jueces pronta sentencia a favor de los 86 amparos presentados, luego de que el Gobierno Federal retirara el subsidio a las guarderías inscritas en la Secretaría del Bienestar.

Acompañadas de la diputada local del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Silvia López Escoffié, las afectadas informaron que por el recorte unas 130 estancias infantiles, de las 210 registradas en la entidad, cerraron sus puertas, y 80 estarían operando con escasos recursos, toda vez que los padres de familia no están cumpliendo con el pago de cuotas.

Lamentaron que sean acusadas de corrupción, de tener niños fantasmas, incluso que se les compare con la guardería ABC. “Hasta el día de hoy el Gobierno Federal no ha enseñado listas y evidencias de dichas acusaciones”.

“Hemos sido difamadas de manera injusta, cada palabra que mencionan en nuestra contra nos afecta de manera económica, incluso en nuestra salud, pues hemos perdido a dos compañeras por las preocupaciones que ha generado este conflicto”, manifestó Rebeca Lugo Fleites, una de las responsables de estos sitios en Yucatán.

Asimismo, desconocieron a la falsas representantes de estancias infantiles en Yucatán, que han estado divulgando en diversos medios un presunto acuerdo que tienen con la titular de la Secretaría de Bienestar, con la finalidad de que desistan de presentar sus amparos e incluso algunas ya empezaron a retirarlos.

“Según estas personas, están ofreciendo pagar los gastos que corresponden a los trámites de protección civil y seguro de responsabilidad civil, con el único requisito de no haberse amparado” manifestaron.

Las afectadas pidieron a las demás compañeras que no caigan en estos engaños y que no se dejen intimidar por estas supuestas representantes de estancias infantiles, que únicamente persiguen intereses personales.

También denunciaron que muchos padres de familia están lucrando con este recurso que se le entrega de manera directa, dejando en total indefensión a los menores, ya que no hay un control que compruebe en qué se destina este apoyo.

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