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Se amparan contra reforma

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Trabajadoras sexuales presentaron un juicio de amparo contra el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, que prohíbe y sanciona el trabajo sexual en la vía pública con hasta 36 horas de arresto y multas económicas.

En conferencia de prensa, las demandantes aseguraron que esta medida representa una criminalización y estigmatización de quienes se dedican a este oficio que no puede ser calificado desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce dentro de un contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de oportunidades y acceso a derechos.

“A varias compañeras las han hostigado la policía, por eso estamos trabajando con organizaciones no gubernamentales para evitar ser detenidas, porque están violando nuestros derechos. Simplemente somos trabajadoras sexuales, no estamos trabajando para nadie y comercializamos nada más con nosotras”, manifestó Kenia Zarza, quien ejerce el trabajo transexual.

“Y si yo me dedico a esto, es porque tengo una familia, tengo ganas de crecer y se me han cerrado las oportunidades, es por eso que venimos y nos unimos para ser escuchadas, somos voces apagadas, somos una comunidad que crecemos día a día y el Gobierno nos debe dar la oportunidad de crecer al igual que a la gente heterosexual”.

Recordaron que el pasado 14 de septiembre entraron en vigor diversas reformas y disposiciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, estas reformas incorporaron a este ordenamiento prohibiciones que representan una restricción a Derechos Humanos.

Específicamente la fracción VI del Artículo 15, relativo al título III, que establece la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública”.

“Esta prohibición representa una criminalización y estigmatización de las personas trabajadoras sexuales, situación que ha sido considerada contraria a los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Debido a que se viola frontalmente la perspectiva garantista que reconoce como fundamental el principio de dignidad y garantiza el de no regresividad y progresividad de forma transversal para los derechos”, lamentaron.

Este recurso jurídico que se presentó el pasado mes de octubre ante el Juzgado Segundo de Distrito, va dirigido a las autoridades municipales, específicamente contra el Ayuntamiento de Mérida, cuyo Cabildo aprobó dichas reformas, así como al alcalde Renán Barrera Concha por haber autorizado su publicación en la gaceta municipal, y también en contra del director de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante, quien se encarga de realizar las redadas y aplicar dicha normatividad.

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