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Comisión de Derechos Humanos, en contra de la pena de muerte

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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, afirmó estar en contra de la aplicación de la pena de muerte contra quienes cometan  feminicidio y violación, tema que recientemente retomó el Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados.

“No estoy a favor de esta sanción, de esta pena, sin embargo, pues bueno, eso le corresponderá a nuestros legisladores decidir y creo que tienen que hacer un estudio muy detallado, muy cuidadoso”, expresó.

Recordó que México ha firmado varios tratados internacionales donde precisamente se  circunscribe a la prohibición de esta pena. “Entonces no solamente se trata de una decisión al interior como nación, sino también tiene que ajustarse México a este tratado internacional que suscribió, por lo que el tema sí se tendrá que discutir”.

Esto, lo señaló en entrevista posterior a su informe anual de actividades que dio ante el Congreso del Estado, en cuyo discurso exigió a las autoridades garantizarles a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia.

“Reitero el llamado a las autoridades a investigar las causas que originan estos actos y los delitos cometidos contra mujeres, en aras de que prevalezca la prevención y se reduzcan las expresiones extremas de violencia que ponen en riesgo la integridad física  y la vida de muchas mujeres”, aseveró.

Agregó que el enemigo a vencer por la violencia que se comete en contra de las féminas son las causas estructurales que la motivan.

“Son la prevalencia de estilos de crianza machista, la falta de oportunidades educativas para niñas y mujeres, la reproducción de estereotipo de géneros sexistas que denigran a la mujer y en general cualquier acción que permita o tolere la violencia en cualquiera de sus manifestaciones”, apuntó.

INFORME

En el informe anual de actividades correspondiente al 2019, Sabido Santana reportó un incremento de 20 por ciento de solicitudes de atención respecto al año pasado, alcanzando un total de cuatro mil 294, un promedio de casi 12 solicitudes de servicio diarias.

De las cuatro mil 294 solicitudes de atención: mil 980 fueron orientaciones, mi 783 gestiones y 446 quejas. Se emitieron 32 recomendaciones, dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado.

También informó que 239 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública, Ayuntamiento de Kanasín, Secretaría de Educación, Fiscalía General del Estado, Ayuntamiento de Progreso, Secretaría de Salud de Yucatán, y las comunas de Mérida, Motul, Muna y Umán.

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