Ante el congreso, petición de juicio político contra Layda

La agrupación política nacional Movimiento por la Liberación Democrática Social (Lidesol), presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, formal escrito para que se llame a sesión extraordinaria con carácter de urgente e inicie trámite de juicio político y declaración de procedencia contra la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.

También contra la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, y sus mandos; responsable del Cereso Kobén y sus mandos, y la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre, por desvíos de recursos de procedencia federal.

Luis Humberto Gutiérrez Ramírez, representante legal de Lidesol y presidente de la asociación civil Moch-Cohuo & Gutiérrez A. C., acudió a las oficinas del Congreso para entregar su escrito de petición a la Oficialía de Partes, donde se negó el acceso a los representantes de los medios de comunicación.

Recordó que las legislaturas de los estados tienen la facultad para imponer sanciones en caso de Juicio Político o decretar la separación del cargo.

Fundamentó su petición en las causas de que hay actos u omisiones que afectan la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficacia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, así como los que redundan en perjuicio de intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Se trata, expuso, de violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes federales que de ellas emanan; manejo indebido de fondos y recursos federales; violaciones graves a la Constitución local y sus leyes, y acciones u omisiones indebidas en que incurran durante su encargo.

También, la comisión de delitos por agresiones e intimidaciones a la Policía de Campeche, por el operativo fallido de carácter federal; actos u omisiones que sin constituir delito puedan afectar la eficiencia y buena marcha de los asuntos públicos; manejo indebido de fondos y recursos estatales; delitos de carácter federal por transferencia de reos de alta peligrosidad y por delitos contra la seguridad del Estado.

Expuso que de no proceder ante la mayoría morenista en el Congreso local, irían por el amparo.