Admite LESS que necesita 800 mdp para cumplir ese compromiso
Sin negar o confirmar que el actual embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González, esté involucrado en las investigaciones del caso Ciudad Administrativa, como mandatario sustituto que ejecutó la obra, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román reveló que es inviable su compromiso de transformarla en Ciudad Segura, porque necesitan 800 millones de pesos, y negó que la detención de exfuncionarios sea persecución política, “sólo la aplicación tácita de la ley”.
Durante la sesión para la Construcción de la Paz y la Seguridad, se confirmó que hasta ahora se han girado tres órdenes de aprehensión derivadas de la carpeta de investigación que se sigue por peculado y ejercicio indebido de atribuciones y facultades, de las cuales dos se ejecutaron este lunes, luego de que se exhibiera que a dos años, Sansores San Román mantenía en la impunidad la presunta corrupción que denunció en la obra de la Ciudad Administrativa.
De acuerdo con el comunicado oficial, la gobernadora fue “enfática en resaltar cero tolerancia a la corrupción e impunidad”, e implicó al líder nacional priísta, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, aunque la obra fue ejecutada en el periodo que estuvo al frente del Gobierno Estatal Aysa González como sustituto.
Y que después fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajador en Repú- blica Dominicana, luego de entregar la gubernatura de Campeche al Movimiento Regeneración Nacional
(Morena).
La mandataria no mencionó a su antecesor y compañero en la 4T como el principal responsable de las “evidentes irregularidades” del caso Ciudad Administrativa.
SIN PERSECUCIÓN
“No hay persecución de ningún tipo, sólo la aplicación tácita de la ley, pues en este proyecto fueron evidentes las irregularidades, a grado tal que no se contaba con conexiones eléctricas para las oficinas que ahí operarían, y pese a ser un proyecto vanguardista, no proyectaron ni rampas para discapacitados”, le atribuyeron a Sansores San Román.
En el comunicado se ratificó que es “inviable” el compromiso que la morenista hizo en octubre del año pasado de transformar la Ciudad Administrativa en
Ciudad Segura, a fin de que la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez tuviera oficinas confortables como titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).
“Se pidió a la UNAM readecuar el proyecto para volverlo Ciudad Segura, sin embargo, requerirá una inversión superior a los 800 millones de pesos, que lo hacen inviable… pero se exploran nuevas alternativas para brindar mejores espacios a los policías”, suscribe el comunicado.
E indicó que las diligencias del caso Ciudad Administrativa se siguen por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam), que investiga un presunto desvío de recursos en la ejecución del proyecto.
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