Gobierno solapa la tala ilegal, acusan ejidatarios en la PA

Al demandar solución a la invasión en 60 mil hectáreas de sus tierras y el combate a la tala ilegal, que ha provocado la pérdida de miles de hectáreas de selva, ejidatarios de Champotón pidieron a la Procuraduría Agraria (PA) emitir una convocatoria de mayoría simple, que les permita formalizar un convenio con fundación con fines de conservación de 35 mil hectáreas.

Alrededor de 60 ejidatarios arribaron a Palacio Federal encabezados por el comisario Mario Mijangos Marín, para exigir a la Procuraduría Agraria dar trámite a una solicitud de convocatoria y denunciar que no les han cumplido con la entrega de apoyos del Gobierno Federal, acusar la invasión de 60 mil hectáreas y la explotación ilegal de madera por depredadores ambientales foráneos, que han deforestado miles de hectáreas.

Señalaron que tenían un promedio de 85 mil hectáreas de ampliación forestal, de los cuales alrededor de 60 mil han sido invadidas desde 1997, lo que ha representado perjuicio para los mil 500 ejidatarios, aunque han tenido la voluntad de dialogar y llegar a acuerdos para que sean indemnizados.

Tras una reunión con funcionarios de la Procuraduría Agraria, los ejidatarios lograron que se programara una asamblea de ese núcleo ejidal para el 12 de marzo con los requerimientos que demandaban, que sea de mayoría simple, para poder firmar contratos y convenios con una fundación que comprendería 35 mil hectáreas que serían aprovechados para fines de conservación.

Pidieron al Gobierno del Estado que intervenga para frenar el problema de las invasiones y reubicar a los posesionarios de sus tierras, para que no sigan afectando al medio ambiente, pues se ha detectado la devastación de la selva.

“Hace cuatro días fuimos a la montaña y detectamos que miles de árboles han sido talados. Es impresionante ver cómo el Gobierno Federal que siembra vida, destruye la vida. Es una contradicción. Si Champotón respeta su selva, ¿por qué otros lo destruyen?, cuestionaron. Hay tráilers que salen del área de Candelaria, cerca de la frontera con Guatemala, cargados de madera. Si hay un programa de reforestación, ¿porque el Gobierno permite que miles de árboles sean talados ilegalmente?”, señalaron.

Acusaron que los ejidatarios de Champotón les prohibieron tumbar los árboles y producir chicle, pero con otros personajes están coludidos y sostuvieron que para que puedan operar el contrabando de madera tienen que estar involucradas las autoridades federales.