La veleidosa postura de la gobernadora Layda Sansores ante el conflicto con la policía estatal, que ya va por su tercera semana, confirma que no es una persona digna de confianza. Que no tiene palabra, y que se ha empeñado en su capricho de no remover a su déspota, corrupta, prepotente e ineficiente protegida, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez.
Tan no la removerá, que aprovechándose del puente vacacional de Semana Santa, cuando muchos campechanos se desajenan de sus actividades cotidianas para irse a la playa, a vacacionar o dedicarse a sus creencias religiosas, la Gobernadora validó la imposición de Samantha Bravo Muñoz como nueva fiscal regional en Ciudad del Carmen, de donde el excalcalde morenista, Pablo Gutiérrez Lazarus la había cesado como directora de la Policía Municipal.
Esa designación demuestra una vez más que es la guanajuatense Muñoz Martínez la que “controla” todo el aparato de seguridad, ya que el fiscal Renato Sales no dijo ni pío ante la nueva imposición, pues también tiene como vicefiscal al otro hijo inútil e ineficiente de Marcela, de nombre Arturo Bravo Muñoz.
La gobernadora mintió públicamente cuando anunció en un mensaje dirigido al pueblo campechano que había cesado como director de la Policía Estatal, Antonio Saradán Solís Santiago, ya que ese personaje todos los días acude al pase de lista en la Academia de Policía sin haber sido degradado ni cesado.
Su esposa Melisa García Servín, también fue destituida supuestamente como directora de Participación Ciudadana y atención a Víctimas, así como jefa de “Mujer Valiente”, sin embargo sigue usando vehículos de la corporación y ella y su chofer, el agente estatal Rico Cahuich, fueron captados de compras en un supermercado de la ciudad. O sea, la gobernadora miente para salvar el pellejo de su amada Marcela.
Y habría que releer la respuesta que le dio Sansores a una publicación de la página digital Animal Político, en que acusa a los policías rebeldes, de ser corruptos, de ser manipulados por Eliseo y por un partido político, de haber sido señalados por corrupción y de no tener el respaldo ciudadano que presumen tener, para entender que mintió al decir públicamente que el movimiento de los policías es legítimo.
Es decir, si no les concede legitimidad ni valor, tampoco mostrará interés en resolver el conflicto ni cesará a su amada Marcela, ya que los policías “están siendo manipulados”.
Son más pruebas de que tenemos una gobernadora que miente compulsivamente. Que se sabe derrotada por la ciudadanía campechana, y por eso difama, calumnia y trata de manchar a quienes le han demostrado que “con el pueblo todo, y sin el pueblo nada” y que “el pueblo pone y el pueblo quita”… a menos que te gobierne alguien que está más que loquita. (Verso sin esfuerzo…)
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