La reforma “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres” no es el problema, sino la manera cómo el Gobierno de Morena opera y usa a su conveniencia la justicia para eliminar a sus adversarios, ya que mientras a sus opositores los persigue mediante la fabricación de carpetas de investigación, a los misóginos que les son afines o han sido sorprendido recibiendo grandes fajos de billetes , como Armando Constantino Toledo Jamit, despachan a un costado de la oficina de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román en Palacio de Gobierno.
Así lo señaló la diputada local por Movimiento Ciudadano (MOCI), Mónica Fernández Montúfar, y subrayó que no pueden ocultar que en el Gobierno de Morena hay funcionarios que merecen estar en la cárcel, por las pruebas contundentes de presunta corrupción, que no son investigadas, y por el contrario, son premiados con otros cargos.
La ley no es el problema, sino cómo la utilizan, con la creación indolente de carpetas de investigación. La reforma “3 de 3” para impedir que agresores sexuales, deudores alimentarios morosos y violentadores de mujeres, o quienes se encuentren prófugos sin contar con sentencia firme, contiene cosas buenas. Pero están creando carpetas de investigación contra los adversarios políticos y opositores de Morena, para aplicarles estos supuestos.
El Gobierno de Morena que encabeza la gobernadora Layda Elena Sansores San Román ejerce justicia selectiva. Prueba de ello es que “el órgano más importante del Gobierno está dirigido por una persona a la que todos vieron agarrar fajos de dinero, y sigue despachando a un costado de la gobernadora”.
También hay funcionarios como Arturo Aguilar Ramírez, subsecretario de Gobierno, con sanción por incurrir en violencia política en razón de género, que no ha sido inhabilitado, lo mismo que Carlos Ucán Yam, el chilango Erick Reyes León, Bismarck Richaud Coral y otros, a quienes la gobernadora solapa y encubre, precisó.
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