Aunque estaba de forma ilegal, generaba contaminación y ofrecía mala imagen, el desalojo de una familia en el kilómetro 15 de la carretera Carmen-Puerto Real, a la altura del balneario Bahamita, por parte de la Zona Federal Marítima (Zofemat), fue arbitrario.
El presidente de la organización Ecovigilantes, A.C., Miguel Benítez Heredia, culpó a la Zofemat de propiciar la invasión de terrenos ganados al mar, pues cobra por los asentamientos y detona que las personas crean que así tienen derecho a hacer usos hasta comerciales.
Por haber desalojado a esa familia, ahora tiene que actuar de la misma manera contra todos los que están dispersados en la costa de la ciudad.
Alrededor de las 10:00 de la mañana, personal de la Zofemat, acompañado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Servicios Públicos, arribó al sitio para informar a la familia que desmantelaría las palapas y retiraría la basura.
María de los Santos Jiménez Zapata, quien desde hace más de ocho años vive ahí, dijo que los funcionarios nunca exhibieron documento que notificara el procedimiento, alegó que tenía permiso transitorio, y reconoció que construyó un cuarto donde se hospedaba con su esposo y tres hijos de 12, 15 y 17 años.
La Zofemat —reveló—, entregó hace un mes citatorio para el desalojo, pero tuve que viajar a Chiapas y no me dio tiempo de sacar mis cosas, y aunque pedí tiempo para dejar limpia el área el lunes, no lo consideraron.
Al respecto, Benítez Heredia afirmó que el procedimiento en parte es arbitrario, pero también es cierto de que esos señores no pueden estar ahí, y si se les notificó debieron atender el llamado, pues además lucran con terreno federal al ocuparlo de manera ilegal.
“Zofemar lo tuvo que hacer mediante oficio y dictamen avalado por la Profepa, que es la policía ambiental, y recibir apoyo de otras instituciones como la Policía Municipal, pero mediante orden de un juez y no nada más por decir que se ve mal la presencia de ellos”.
Agregó que aunque está de acuerdo que se evite la invasión de las zonas de playas que deben de ser públicas, la actuación de la autoridad debe ser pareja, es decir, tiene que aplicar la ley a todos por igual.
Por último, señaló que la asociación civil que representa dará seguimiento al caso, pues el único responsable de la invasión y aprovechamiento comercial de los terrenos ganados al mar es Zofemat, que cobra por usar espacios y cuando llega alguien con otros intereses, saca de los terrenos a quien ellos mismos durante años se lo permitieron.
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