Amenaza la cínica, corrupta, mentirosa y represora gobernadora Layda Elena Sansores San Román, que después del 2 de junio, comenzará a tomar su “decisión” respecto del movimiento de protesta que los policías emprendieron desde hace 78 días.
Como parte del guión que ella misma ha escrito para tratar de ocultar la verdad de la situación, asegura que los policías “siguen engañados” por los dirigentes de los partidos Movimiento Ciudadano (MOCI) y Revolucionario Institucional (PRI), y por eso no se han querido incorporar a lo que ella denomina su “nueva policía”.
Vale la pena volver a lanzar la pregunta: ¿son los policías los que viven engañados, o es ella, la más corrupta gobernadora del país y la peor en la historia de Campeche, quien vive tragándose sus propias mentiras?
La cronología de los hechos nos conduce a sostener que es Layda Sansores una cínica, que prefiere mentir y engañar, antes que tocar a su querida pero inútil, inepta y corrupta comandanta Marcela, que incurrió en negligencia criminal, al enviar a sus policías a un operativo en el penal de San Francisco Kobén, sin información suficiente, sin los equipos adecuados, sin protección y sin la coordinación debida. Como narran los uniformados, “fuimos llevados al matadero”.
Fue ese operativo fallido, ordenado por Marcela y supervisado mediante monitoreo supuestamente, por la propia gobernadora y su equipo de seguridad, el que detonó la rebelión de los policías.
¿O fue Eliseo el que los envió al matadero? ¿O fue el PRI el que no permitió que les dieran equipos de protección adecuados? ¿O fue Alito el que envió a Marcela, Armando Toledo y Juan Pedro Alcudia a amenazar a los sublevados con meterlos a la cárcel si no deponían su actitud?
No. La lectura que Layda le ha dado a este conflicto, tuvo una interpretación errónea desde el inicio. Creyó que con amenazas, intimidaciones, sanciones injustas, suspensión de pago de salarios, amenazas de cárcel y todo tipo de hostigamientos, los inconformes doblarían las manos y accederían a pedir perdón a la inútil, negligente corrupta y criminal secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez.
Los policías sublevados le han dicho a la gobernadora de frente y sin tapujos, además que se lo han demostrado con hechos, que la dignidad no tiene precio y tampoco está a subasta. Carecen de dignidad, principios, ética y valor los 200 o 300 elementos que aceptaron someterse de nueva cuenta a los dictados de Marcela, previo pago de dinero en efectivo y la promesa de limpiar sus expedientes.
Son esos policías indignos y corruptos los que hoy merecen el elogio de Layda Sansores. Y es algo lógico. El agua siempre agarra su nivel, y los corruptos y los maleantes se entienden a la perfección.
Pero que no crea la cínica y corrupta gobernadora que los campechanos nos hemos tragado sus cuentos. Los hechos le han concedido la razón a los policías sublevados. Y gracias al respaldo ciudadano, que los ha apoyado con combustible, despensas, donativos para los salarios que no les han pagado, y con sus masivas movilizaciones, es que este movimiento ajustará tres meses, y sigue tan vigente como desde el primer día.
Que nadie dude que los resultados electorales que se van a registrar en Campeche este domingo, estén vinculados directamente con el malestar popular que ha generado la tozudez de la gobernadora Sansores San Román ante este conflicto.
Cada ofensa a los policías y a sus mamás, cada acusación contra los ciudadanos que se han movilizado para apoyarlos, cada amenaza contra los sublevados, cada medida de represión, cada amenaza de cárcel, acrecienta más la indignación ciudadana e incrementa en las urnas el voto de castigo.
Ha trascendido que el fiscal Renato Sales Heredia ya solicitó las órdenes de aprehensión contra los siete elementos que dieron la cara por sus compañeros en el movimiento de protesta. Que nadie se extrañe si para aprehenderlos y encarcelarlos no se haya seguido el debido proceso. Es el modus operandi de este Gobierno represor, autoritario, soberbio y corrupto que encabeza Layda Sansores.
Pero que nadie se extrañe también si después de las primeras aprehensiones, la indignación popular se incrementa hasta el extremo de reiniciar las protestas que probablemente ya no sean tan pacíficas. La gobernadora debe aprender a leer los mensajes que le manda el pueblo, antes de que sea demasiado tarde y la alcance el fuego.
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