Ante los señalamientos en el Martes del Jaguar del 26 de noviembre, en el sentido de que la “Familia Lirio Suárez” supuestamente adeuda 9 mil 559 del programa Beca crédito de la Fundación “Pablo García”, a cargo de la candidata morenista perdedora a la Alcaldía de Campeche, Jamile Moguel Coyoc, la exconsejera presidenta del IEEC, Lirio Suárez Améndola le aclara que no sabe a quién se refiere, por lo cual le pide dirigirse a esa persona de manera personal, le advierte que exhibir a deudores y familias es ilegal, y le exige no involucrarla en las acciones enmarcadas en sus atribuciones.
Resalta que en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de réplica, garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publica su respuesta ante dichos señalamientos, “sin menoscabo de ejercer el derecho que me asiste de acceder a otras instancias tendientes a la reparación del daño hecho a mi persona”.
En su derecho de réplica, Suárez Améndola expone fotografía del momento en que la hoy funcionaria estatal muestra dicha lista y cita su advertencia de que “se procederá con las acciones legales correspondientes”.
Además, expone Suárez Améndoza, en la sección “Ratinus”, a partir de la hora 1:41, se expresa en el numeral 4 que “y qué tal con los deudores de las becas Pablo García, millones de pesos que nunca devolvieron personas de familias de dizque alto nombre, exfuncionarios, excandidatos, puro pez gordo y eso sí, recuerden que el pex por su beca muere”.
La funcionaria del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) expone que su familia no pertenece a una clase económica privilegiada, que sus papás son jubilados del Gobierno Estatal con reconocimientos públicos por sus desempeños.
En su caso, reconoce haber sido funcionaria de primer nivel, pero mediante concurso público de oposición, no por asignación o designación directa.
Aclara que tiene una cantidad considerable de familiares en diversos Municipios del Estado, quienes seguramente han solicitado y obtenido becas por su alto desempeño académico, pero que no conoce quién es la persona a la que se alude en la lista de deudores, ante lo cual sugiero se dirija a esa persona de manera personal.
Le recalca a Jamile Moguel que los servidores públicos deben apegarse a la ley, por lo cual exhibir a deudores y familiares menoscaba la imagen pública de ciudadanas y ciudadanos, cuyo derecho a ser respetados en su moral y vida privada es v¡ol3ntado, sino por mandato de autoridad competente.
Al subrayarle que ha construido una amplia y larga trayectoria profesional en diversas áreas y materias, que no son motivo de este escrito, y que nunca ha hecho uso de su posición o cargo para obtener beneficios personales o familiares, le solicita a Moguel Coyoc que, conforme a sus atribuciones, “realice las acciones necesarias sin involucrarme en ellas”.
Lo anterior, por no ser su papel el de localizar a familiares presuntamente deudores, ni el de gestionar pagos de presuntos adeudos y mucho menos ser enlace de ninguna forma entre mis familiares y la Fundación Pablo García, que usted dirige, por ser trámites personales que deben ser resueltos por la persona beneficiaria.
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