Mientras las oficinas auxiliares de la Especial 48 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se instalaría en Carmen, trabajan en las viejas instalaciones de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedel), los abogados que se aferran a que siga aquí la instancia laboral recibieron revés al perder de manera parcial diversos amparos.
El juez tercero de Distrito, José Elías Pacheco Martínez, les negó la suspensión definitiva del acto que reclamaban, mientras de manera lenta la oficina auxiliar empezó a funcionar para el desahogo de varias demandas en proceso.
De acuerdo con lo publicado en el portal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), fueron presentados al menos 10 recursos de amparo de abogados laboralistas contra la instrucción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de suprimir la Especial 52.
De estos recursos contra la determinación de cerrar la 52, derivados de los expedientes 989/2022 y 1241/2022, y basado en el acuerdo firmado por Luisa María Alcalde Lujan en su calidad de secretaria de Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de noviembre del 2022, el juzgador falló contra los promoventes.
Cabe destacar que en noviembre pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició acciones para cerrar la Junta Especial 52 y liquidar a sus 22 empleados, pero quedaron en rezago unos cinco mil expedientes.
Por lo anterior, los abogados laboralistas se manifestaron desde entonces en la sede de la Junta, y advirtieron que afectaría de manera importante a los obreros, sin embargo, sus alegatos no sirvieron ante el juez Pacheco Martínez.
Recientemente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje anunció la apertura en la sede que ocupaba la 52 de una oficina alterna de la 48 de San Francisco de Campeche, y trabaja de forma lenta.
Como parte de los recursos del grupo abogados —que al parecer perdieron—, usaron el recurso de amparo como apurada salida a sus problemas.
El juez resolvió negar la suspensión definitiva a tres amparos, pero de manera específica a Edward Morales Sarmiento, apoderado legal del quejoso David Castelán Valero, quien por cierto presumió que la senadora Rocío Abreu Artiñano los había ayudado. Se dice que los laudos serán resueltos en Campeche, mientras en la Isla se realizará todo el desahogo de audiencias pendientes. Entonces al parecer la lucha de algunos litigantes fue en vano.
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