La Secretaría de la Contraloría (Secont) tiene que investigar la corrupción en el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (Indajucam) que denunciaron sus trabajadores, y aplicar la ley a los responsables, sentenciaron diputados locales del PRI y MOCI, al exigir a su director general Luis Humberto López López, dar la cara y responder a las acusaciones en su contra.
El priísta Ricardo Medina Farfán asentó que los supuestos desvíos de recursos, pagos de facturas apócrifas, manipulación de apoyos y entrega de compensaciones incompletas al personal, maltratos y acoso laboral, así como la contratación de amigos y recomendados por parte del funcionario del Gobierno de Layda Sansores San Román, deben ser investigados y proceder conforme a derecho.
Además, recordó que para quienes son servidores públicos y especialmente tienen algún tipo de responsabilidad jurídica, hay limitaciones e impedimentos, por lo que López López no puede litigar de forma particular, y demandó la intervención inmediata de la Contraloría para abrir investigación y determinar si hay o no una violación a la ley.
Este organismo, cuya competencia es velar por el cumplimiento de la ley, tendría que ser el principal garante del mismo, sentenció, y atajó que su director general, ante estas acusaciones, tendría que ser el primero en dar la cara y aclarar ante las instancias de investigación, pero también ante la opinión pública.
“Cuando no se hace, lo que genera es suspicacia de que son ciertas las acusaciones”, arremetió, y añadió que el supuesto compromiso con el combate a la corrupción por parte de la 4T es de papel únicamente, pues existen hechos documentados en la actual Administración estatal que no son investigados.
Repudió que sólo aplican la ley cuando se trata de opositores o de gente que cae de la gracia del Gobierno actual, como fue el caso del director general del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos (IEEA), Ricardo Sánchez Cerino.
Por su parte, la mocista Mónica Fernández Montufar fustigó que si López López está violentando alguna ley de la administración pública, las autoridades correspondientes tienen que aplicar la normativa para que el funcionario de Sansores San Román lo deje de hacer.
“Se tendrían que investigar estas denuncias de los trabajadores y llegar hasta las últimas consecuencias”, subrayó, y coincidió en que el titular del Indajucam, si sabe que está cometiendo una irregularidad, como litigar particularmente cuando lo tiene prohibido, tiene que dar la cara y aclararlo.
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