Además de los cerca de 100 recursos de amparo presentados ante el Juzgado Tercero de Distrito, para evitar el cierre de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje 52 por parte de de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), abogados laboralistas impidieron ayer que burócratas la abrieran.
Encabezado por el encargado Joel Canché, personal de la Oficina Auxiliar de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje 48 llegó cerca del mediodía, para “absorber” el desahogo de más cinco mil expedientes, pero los inconformes les cerraron el paso.
Los litigantes se mantienen en protesta desde el 4 de noviembre pasado, y ayer exigieron respuestas a sus demandas de mayores facultades a quienes estarán a cargo de la impartición de justicia laboral.
El encargado de la Oficina Auxiliar se comprometió a recibir la solicitud por escrito de los inconformes, para plantearla a los titulares de la dependencia en la capital del Estado.
En entrevista, el doctor en derecho y presidente del Colegio Laboralista de Carmen, A. C., Roberto Jesús Kidnie Ramos, señaló que al no ser brindadas las garantías de un acceso a la justicia laboral, expedita e imparcial, habrán de mantener su protesta.
“A lo largo de los dos meses de protesta hemos tenido avances, pues inicialmente se manejaba que la Junta 52 desaparecería y quedaría un área de exhortos, pues todo sería trasladado a la capital, pero la presión logró que los expedientes de trámite sean manejados aquí hasta el cierre de instrucción”.
“Sin embargo, hay una inconsistencia jurídica en el tema, pues en Carmen no se cuenta con personal suficiente, ni hay las garantías para un acceso correcto a la justicia, y pretenden llevarse a la capital el tema de laudos para ejecuciones”, expresó.
No se justifica que el tema sea analizado en la ciudad de Campeche regresado para una ejecución, pues generará gastos innecesarios a las partes y a la clase socialmente desprotegida, y no ofrece certeza.
Para concluir, reiteró que fueron presentados más de 100 recursos de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, pues reciente decreto les permitió generar un nuevo acto reclamado, y el grupo de abogados recurrió a esta presión jurídica.
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