Empantanado el diálogo

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, el delicadito Juan Pedro Alcudia, no se midió, amenaza con despedir a los 945 policías sublevados.

A casi dos meses de iniciado el conflicto entre los policías y el Gobierno del Estado, la situación sigue empantanada, con una gobernadora ensoberbecida y más terca que una mula, que se niega a cesar a su querida Marcela, y un equipo de asesores jurídicos que descaradamente han declarado que si es necesario correr a todos los sublevados, para acabar con el problema, eso harán.

Ante la creciente animadversión ciudadana contra sus autoridades, en especial contra la soberbia y autoritaria gobernadora Layda Elena Sansores San Román, el secretario de Gobierno, el sinaloense Armando Constantino Toledo Jamit, y el delicadito consejero jurídico Juan Pedro Alcudia Vázquez, tuvieron que salir a dar la cara otra vez, y a desmentir que, con el despido de siete policías, hayan violado la suspensión provisional concedida a los manifestantes.

Argumenta el finito Alcudia que el juez de Distrito les notificó el pasado 25 de abril, que no se incurrió en incumplimiento a la suspensión que ampara a los uniformados, con la determinación del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que determinó el cese definitivo de siete de los policías que se encuentran en protesta desde el pasado 16 de marzo.

Qué curioso que el juez de Distrito emita esa determinación al día siguiente que se dio a conocer el cese de siete de los inconformes. O ya mejoraron los tiempos en que se resuelven los expedientes judiciales en el Juzgado Federal, lo cual no ha ocurrido ni se espera que ocurra pronto, o simplemente el delicadito consejero jurídico está además extraviado en sus elucubraciones.

Argumenta que el juzgador federal les “dio la razón” al Gobierno del Estado en cuanto a que, por la trascendencia del servicio que prestan los policías, no pueden ser paralizados los procedimientos administrativos, disciplinarios o penales que se instauren en contra de esos elementos en rebeldía.

Y si eso fuera así, entonces ¿de qué los protegió el juzgador federal? ¿Cuál es el beneficio del amparo que les concedió el pasado 13 de abril?

Es obvio entonces que el finito Alcudia Vázquez miente y trata de manipular los resolutivos judiciales, para que no se impongan las sanciones a su jefa, la corrupta gobernadora Layda Sansores y a la inepta secretaria Marcela Muñoz Martínez, por haber ordenado el despido de los primeros siete elementos policiacos, de un total de 945 que, según el funcionario, serán dados de baja si no se rinden y se reincorporan a la base provisional de la Academia de Policía.