Expediente: 03 de diciembre de 2023

CRECE LA INGOBERNABILIDAD EN CAMPECHE

Varios factores alertan que el Gobierno perdió control. Carece de personeros que resuelvan problemas y desactiven conflictos, y la tendencia de la situación es al empeoramiento. Conforme se acerquen las campañas, la crisis podría desbordarse por la decepción que producen las acciones de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, que van de mal en peor.

El aumento de la inseguridad es uno de esos factores. Por más que los voceros oficiosos del Gobierno, el fiscal Renato Sales Heredia y la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, insistan en lo contrario, la percepción ciudadana es que en Campeche crece irrefrenable la violencia. Un joven taquero fue asesinado en pleno centro de la ciudad, en domingo y frente a sitio por donde circula mucha gente. Le dispararon en por lo menos 15 ocasiones, y además del occiso, hay una dama lesionada también de bala.

Para “justificar” esa ejecución, la gobernadora Sansores afirmó que el joven taquero tenía varios expedientes legales y que probablemente era narcomenudista, de suerte que el sicario, a sus ojos, es un  “justiciero”.

La crisis en el gabinete es otro factor que conduce a la ingobernabilidad. En menos de dos meses fueron “renunciados” tres secretarios. El de Gobierno, el chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega; el de Educación, Raúl Aarón Pozos Lanz, y la de Obras Públicas, Isabel Espinosa Segura, además del director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Álvaro Gutiérrez Castro y del Auditor Superior, Javier Hernández Hernández.

De los dos últimos casos, Espinosa Segura y Gutiérrez Castro, nada ha dicho la gobernadora. En su Martes del Jaguar, ni siquiera mencionó el tema, aunque en ambos casos se habla de graves hechos de corrupción, que ameritarían sanciones de tipo penal, si se cumpliera el eslogan de no robar, no mentir y no traicionar.

No encontraron suficiente maquillaje para encubrir esas corruptelas, y no quedó otro remedio que operar la guillotina. Lo más probable es que dejarán correr los días para que los asuntos se olviden o intentarán minimizarlos. Ya sabe, la basura debajo de la alfombra, pero ya habrá tiempo de que la escoba de la opinión pública revele los entretelones de las farsas.

Por otro lado, causa ruido el activismo político de Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores por toda la geografía estatal, aunque concentrado principalmente en Ciudad del Carmen. Y no es que inquiete porque esté haciendo un gran trabajo, por el contrario, sus torpezas son cada vez mayores, y en lugar de componer, desarregla y conflictúa.

Se ha dedicado a repartir dinero a líderes opositores y a varios periodistas “para que hablen bien de él”, a distribuir apoyos y despensas en algunos sectores, y a ostentarse como “gestor” del Gobierno de su tía prometiendo que él sí resolverá sus demandas, lo que causa molestia entre los integrantes de su partido, que lo consideran gandalla porque se aprovecha de los favores que le prodiga el parentesco para capitalizarlo exclusivamente a su favor.

Le reclaman que él no es ni servidor público estatal, ni líder del partido, ni representante popular para asumir esas funciones, que además usurpa atribuciones que no le competen y propicia que el pueblo “bueno y sabio” se convenza que sólo repartiendo dinero y sobornando a liderazgos de cascarón —de los que tienen el membrete pero no a la sociedad— podrían ganar las elecciones.

En este tenor, podríamos sintetizar que el grave aumento de la incidencia delictiva, la crisis en el gabinete, donde en los próximos días se esperan más renuncias, y un sobrino desbocado derrochando dinero público para frenar el desmoronamiento de Morena, exhiben la falta de liderazgo de la gobernadora Layda Sansores, el vacío de poder que generan sus consuetudinarias ausencias y su debilidad emocional, que le permite compartir el poder y deviene en la ingobernabilidad que a todos afecta.

Lo peor es cuando Sansores San Román intenta parchar con mentiras esa falta de resultados en su Gobierno. Por ejemplo, lo del “aumento salarial” a los maestros, que no resultó tal. Fue, como se adelantó oportunamente en la columna “Las Tripas del Jaguar”, un simple bono que no va repercutir en las prestaciones del personal al servicio de la educación. O sea, no impactará en sus aguinaldos y mucho menos en sus pensiones. Fue mentira ante la desesperación de no tener logros qué presumir.

Si a eso le agregamos las traiciones de su Gobierno, entonces la crisis se ahonda. Dígalo si no el golpe a la economía popular que le dará a los campechanos con la implementación del nuevo modelo de transporte público a partir de enero. Sólo las unidades del Grupo ADO podrán ingresar al Centro Histórico y al área del mercado, por lo que los usuarios de los suburbios deberán abordar combis o vagonetas para acercarse a los puntos de enlace con los autobuses del consorcio foráneo, lo que implica el pago de doble y hasta triple cuota.

Habrá que recordar que a partir de enero las tarifas del transporte urbano subirán de 8 a 10 pesos, lo que provocará que la gente de escasos recursos de las colonias populares tenga que elegir entre comer diariamente o utilizar el servicio, que se encarece sin que a las autoridades estatales les importe.

Esta sucesión de yerros no la observa o la percibe Sansores San Román, que permanece empecinada en el show de los martes, en interminables litigios judiciales, en buscar enemigos gratuitos, en sus viajes a la Ciudad de México todos los fines de semana, y en esperar a que sea llamada para algún encargo, por mínimo que sea, en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, para irse en definitiva de Campeche, algo que ciertamente muchísimos campechanos anhelan.

VELAN ARMAS LOS MORENISTAS

Los gobiernos Federal y del Estado, ambos provenientes de Movimiento Regeneración Nacional, velan armas para enfrentar el próximo proceso electoral. Reconocidos analistas anticipan que recurrirán a todo lo imaginable e inimaginable para conservar el poder, pese a sus evidentes fracasos en seguridad, salud, economía y combate a la corrupción.

En la entidad prevalece el sospechosismo del uso de machincuepas, trampas y otros recursos para que Layda Elena Sansores San Román se alzara con el triunfo para obtener la gubernatura del Estado, que durante 24 años los campechanos le negaron en las urnas.

Fue tal la consideración de irregularidades, corruptelas, abusos y operaciones fraudulentas cometidas durante el proceso comicial estatal, que el Instituto Nacional Electoral se vio obligado a mandar a un equipo de analistas para revisar la documentación de la jornada. Tras varios días de suspenso, se declaró el triunfo, aunque sin plena convicción en amplios sectores de la sociedad campechana. Incluso del personal enviado.

Sin temores, representantes de barrios, colonias, ejidos y juntas rebelaron que sus votos no fueron para el morenismo, y atribuyen a esa circunstancia el que no sean atendidos sus planteamientos y demandas por las autoridades, que no se sienten comprometidas.

Pero eso cambiará pronto. Ya iniciaron los preparativos para realizar derramas económica en los sectores más necesitados, y así intentar inclinar la balanza del voto en favor de sus candidatos. Recordemos que en los próximos comicios estarán en juego la Presidencia de la República, diputaciones federales y estatales y presidencias municipales y juntas.

El delegado de los Programas Sociales para el Desarrollo en Campeche, Carlos Martínez Aké, reveló hace unos días que al cierre del año distribuirá entre 250 mil campechanos siete mil 500 millones de pesos de diversos programas sociales, un promedio de 30 mil pesos a cada beneficiado.

Para adelantarse a la veda electoral, a más tardar en marzo pagarán la denominada Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor, que aumentará sólo un 25 por ciento, pese a que los índices inflacionarios de los últimos tres años han elevado los costos de vida más de un 50 por ciento.

Y para rematar, ahora sí esperan ser puntuales en la entrega de insumos agrícolas, por lo que acopian bultos de fertilizantes en las bodegas, para entregarlas antes de la prohibición determinada por el Instituto Nacional Electoral.

No comentó que para propiciar el agradecimiento de los beneficiados, los llamados Siervos de la Nación serán desplegados en toda la geografía estatal para recordarles su obligación de votar ya saben por quién.

El operativo para la obtención del voto se complementará con recursos del Gobierno del Estado. Se estima que existe un cochinito, un guardadito que debió servir para ayudas contempladas en el presupuesto, y cuyo destino se oculta celosamente.

La maquinaria está lista para alcanzar los objetivos de Morena de retener el poder. Ahora sólo faltará que los campechanos se traguen esas ruedas de molino, cuando han padecido el desprecio durante más de dos años de Gobierno Estatal, y cinco del Federal, pues no cumplió sus promesas de campaña Andrés Manuel López Obrador.

Lo expresado por el diputado federal morenista José Luis Flores Pacheco, del mal manejo de recursos y el recorte a las participaciones, que se señala será de mil 61 millones 400 mil pesos, y que impactará severamente en las finanzas de los 13 Municipios de la entidad debe constituir una alerta, pues después de la derrama electoral les espera una larga y amarga sequía económica.

Será impresionante la cantidad de recursos de que dispondrán los morenistas para enfrentar sus campañas, dejarán a un lado la austeridad republicana con tal de captar el voto. ¿Estarán atentos los votantes?

SOBREEXPLOTAN LA AGRESIÓN A JAMILE

En su desesperación por posicionar políticamente a Jamile Moguel Coyoc como candidata a la Alcaldía de Campeche, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román ha recurrido a toda suerte de artilugios. No la quiere la base morenista, y si su postulación se sometiera a encuesta real, saldría en los últimos lugares.

Demasiadas imposiciones y decepciones han soportado y padecido los morenistas, para tolerar una más. En corto han dicho que la exlideresa estatal de Movimiento Ciudadano (MOCI) no tendrá su aval, ni al momento de la encuesta, ni a la hora de la votación, por lo que la posibilidad de que la aún ferviente admiradora de Eliseo Fernández sea alcaldesa de la capital es muy, pero muy remota.

Y no se equivocan los morenistas de la base. Sólo dos méritos ha tenido Moguel Coyoc para recibir tantas consideraciones, los cuales resultan insuficientes para ganar la Alcaldía. Una, romper con Eliseo y MOCI para irse a Morena, más en afán revanchista y de sobrevivencia política que para fortalecer a ese partido; y dos, el atentado que sufrió —de orígenes aún oscuros—, del cual sobrevivió afortunadamente junto con su pareja sentimental.

Pero si relacionamos un hecho —haber roto con MOCI para irse a Morena— con el otro —el atentado—podríamos encontrar un hilo conductor del cual nada han dicho las autoridades y tiene que ver con el grupo de personas que llevó a afiliar a Morena, y cuyos integrantes resultaron ser de una banda de la delincuencia organizada que operaba en Bonfil.

Hay gráficas y evidencias del acercamiento  de Jamile con ese grupo, y las que presumió cuando se integró a Morena y tomaron la foto oficial con el líder estatal de ese partido, el también sospechoso chilango Erick Reyes León. Sospechoso, decimos, por sus nexos con grupos delincuenciales en la Álvaro Obregón de la Ciudad de México, según han documentado varios periodistas capitalinos.

Es sospechosa la insistencia de Jamile y de la gobernadora Layda Sansores (y de su sobrino Seso Loco y del fiscal Renato), por inculpar de ese atentado al exalcalde Eliseo Fernández. Está claro que la intención es achacarle ese hecho delictivo a fin de pulverizarlo políticamente. ¿Por qué nunca han referido la posibilidad de que quienes estuvieran detrás del intento de asesinato, sean los integrantes de la banda delictiva que operaba en la zona de Bonfil?

Hay un chivo expiatorio preso por el atentado contra Jamile Moguel y su pareja, y a pesar de que han transcurrido varios meses desde su detención, no se ha tenido acceso al expediente ni a los medios de información se les ha permitido estar presentes en sus audiencias del juicio oral. ¿Aún no confiesa lo que la gobernadora, el fiscal, Jamile y Seso Loco esperaban que dijera? ¿Aún no lo convencen de que firme y filme su declaratoria acusando a Eliseo de haber sido quien lo contrató para eliminarla?

Más aún, ¿cómo van a explicar las autoridades ministeriales el móvil real de ese intento de ejecución de Jamile Moguel y pareja? Nada ganaba Eliseo con desaparecerla, pues todo lo que ella tendría que confesar o revelar ya lo dijo, y no ha sucedido nada trascendente.

En cambio, sí habría razones para que los bandoleros de Bonfil ejecutaran venganza en su contra, porque ella los acercó al partido gobernante, nadie sabe bajo qué ofrecimientos o promesas, y el resultado les fue adverso, porque algunos fueron detenidos, y los demás tuvieron que desaparecer del escenario, para que no sean también aprehendidos.

No puede descartarse tampoco que el atentado haya sido un montaje. El sicario presuntamente contratado en la Ciudad de México, fue un aprendiz a quien “se le encasquilló” en varias ocasiones el arma, y quien sólo logró causar lesiones a la pareja de agredidos.

Ha habido varios atentados en estos 26 meses de laydismo, pero a ninguno le dieron tan amplia difusión como a éste. La intención de “convencer” a los campechanos de que fue atentado político, de que ella es una heroína y sobreviviente que no se quiebra, sembró en la opinión pública estatal amplio espectro de escepticismo, el cual se acrecienta cada vez que salen a victimizarla, a presumir un atentado que no ha sido aclarado convenientemente.

Estuvo en el “Martes del Jaguar” en un acto de abierto proselitismo rumbo a la Alcaldía, en un programa oficial financiado con recursos públicos, con personal que cobra en el Gobierno del Estado. Es decir, violaron las leyes electorales. No había ninguna justificación para invitar a Jamile. No tiene cargo público, tampoco preside alguna organización asistencial que esté brindando servicios a los campechanos, y no ha hecho nada por Campeche.

En un escenario proselitista, Sansores San Román puso frente a las cámaras de la oficial Televisión y Radio de Campeche (TRC), que graba, edita, produce y transmite su programa cómico-musical-circense, a la exdirigenta estatal de MOCI, Jamile Moguel, bajo el pretexto de ser una “luchadora valiente”.

“Vamos a lograr la transformación para nuestro Municipio”, señaló Moguel mientras Sansores complementaba: “La victoria se dará. Tu vas a llegar a lo más alto de tus montes”. Tanta insistencia y terquedad en capitalizar el atentado fallido sólo conduce a la idea de que todo forma parte de una trama inventada y dirigida por la gobernadora, para tratar de posicionar en el ánimo popular —así sea dando lástima al pópulo— a una persona sin mérito político dentro de ese partido.

El atentado fue un hecho delictivo más, igual que muchos que niegan la mandataria y sus subalternos Marcela y Renato. Tal vez la estrategia es victimizarla para que tenga alguna posibilidad de ganarle a Biby Rabelo, quien irá por su reelección si no le fabrican un expediente penal de último momento, a fin de sacarla a la mala de la contienda. Falta ver si el electorado está de acuerdo con la caprichosa imposición. Del plato a la boca, muchas veces se cae la sopa.

INACEPTABLES LOS DESALOJOS

El señalamiento el pasado miércoles 22 de noviembre del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que pese a las órdenes de los jueces, su Gobierno no permitirá los desalojos de personas de sus viviendas, porque son injustas tales acciones, deja una pregunta sin respuesta, ¿cómo se actuará en los procesos de desahucio?

¿Cómo ajustar la norma jurídica a la pretensión presidencial? ¿Carecerán de viabilidad los juicios por la falta de pago de arrendamientos? ¿No podrá ser expulsado de la vivienda el que la ocupa a través de un crédito que no paga? ¿Los invasores de predios serían intocables? ¿Qué sentido tendría la propiedad privada?

Andrés Manuel López Obrador exhortó a los miembros del Consejo de la Judicatura a que despierten y no autoricen los desalojos. ¿Cómo? Los desalojos, subrayó, nada tienen que ver con la justicia ni con el derecho, sino con lo chueco. ¿Y entonces, cuál sería el papel de los juzgadores federales en la revisión de los procesos de primera instancia, o serían inaceptables tales juicios de amparo?

En el sexenio pasado, abundó el Presidente, era negocio de abogados desalojar de las unidades habitacionales del Infonavit a sus moradores, que se quedaban con los departamentos para venderlos. He aquí lo interesante. Visto así, las instituciones de crédito ya no podrían recuperar su dinero, si el acreditado deja de pagar. Grave paradoja.

En ese caso, ¿cómo operarán el Infonavit, el Fovissste y las instituciones bancarias con los saldos insolutos? ¿No tendrían posibilidades jurídicas para recuperar los créditos? Se necesita explicación y análisis de las consecuencias

La recomendación es invitación al no pago. Los que se encuentren en situación de atraso, podrían dejar de pagar, en espera de respuesta a la petición presidencial. En derecho, a ninguna ley se podrá dar efecto retroactivo “en perjuicio de persona alguna”. En beneficio sí.

Si atendemos al reclamo presidencial, el Gobierno de Layda Elena Sansores San Román ha incurrido en varios excesos en ese aspecto. Recordemos que los ocupantes del predio San Eduardo fueron desalojados sin aviso ni miramientos de ninguna clase en julio del año que está por fenecer.

La fuerza pública llegó, destruyó sus humildes viviendas, tiró sus escasos enseres, adquiridos a plazos o a través de obsequios. No les importó el llanto, los gritos y las súplicas. La orden era expulsarlos. No hubo diálogo, no se buscó ningún acuerdo, no se les ofrecieron alternativas.

Con tristeza se recuerda que durante varias semanas los desalojados pernoctaron a la intemperie en Palacio de Gobierno, donde sobrevivieron de la caridad pública, en espera de la conmiseración de la gobernadora para lograr un sitio que los albergue. Las súplicas chocaron contra el corazón endurecido de la mandataria, por lo que abandonaron su protesta ante la problemática educativa de sus hijos.

La reflexión ojalá sirva para encontrar caminos de solución en ese y otros casos de desalojo de grupos en varios sitios de la geografía campechana, que han merecido la execración pública, por la forma en que se actuó.

Que Layda Elena Sansores San Román atienda la recomendación de su gurú, mesías, dios y admirador. La reconsideración de la injusticia cometida, es un camino de salvación y atenuación del pecado, que es lo que conduce al perdón. Amén.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com