Con la desaparición de cinco secretarías del gobierno de Layda Elena Sansores San Román desde el primer día del 2022, la situación laboral de alrededor de 641 trabajadores es incierta, sobre todo de 418 —el 65 por ciento— que se desempeñan como empleados de confianza y cuyos contratos fenecieron oficialmente el pasado 31 de diciembre.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, promovida por la actual titular del Ejecutivo Estatal y aprobada por el Congreso local, se extinguirá la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), donde laboran 287 personas, 50 con base y 237 bajo contrato.
La SAIG se fusionará con la Secretaría de Finanzas (Sefin) y cambiará su nombre a Secretaría de Administración y Finanzas, exceptuando la parte de Innovación Gubernamental, que pasará a manos de la hoy Secretaría de Planeación (Seplan), que ahora se llamará Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental.
Es eliminada la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (Sedesu), donde laboran 11 personas, todos de confianza, y sus atribuciones las tendrá ahora la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (Semabicc), que pasará a llamarse Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía.
La Secretaría de Pesca y Acuacultura (Sepesca), donde trabajan 36 personas, 11 con base y 25 de confianza, también desaparecerá y en su lugar será creado el Instituto Campechano de Pesca y Acuacultura Sustentables (Icapas). La nueva Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), que sustituye a la hoy Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), fomentará la actividad pesquera.
También se extinguirá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la que laboran 79 personas, 29 con base y 50 de confianza, y cuyas atribuciones serán absorbidas por la hoy Secretaría General de Gobierno, que cambiará a sólo Secretaría de Gobierno, la cual ahora administrará los centros penitenciarios y de internamiento de adolescentes, y conducirá la política pública de reinserción social del Estado y la ejecución de sanciones penales.
Además, la labor de la Secretaría de Cultura (Secult), donde laboran 228 personas, 133 con base y 95 de confianza, pasará a manos de la Secretaría de Educación (Seduc), a través de la creación del Instituto Campechano de Arte y Cultura. También será creada la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado.
NUEVOS NOMBRES
La actual Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi) se llamará Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas, y absorberá a la Comisión de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), que estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh), que ahora será Secretaría de Bienestar (Sebien).
Esta secretaría mantendrá sectorizados a los institutos de la Mujer (IMEC), de la Juventud (Injucam) y de Desarrollo y Formación Social (Indefos). Mientras, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPCAM) pasará a ser la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.
También será creada la Secretaría de Inclusión, que estará encargada de prevenir, combatir y eliminar la discriminación, y garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos, inherentes a todos los ciudadanos. Igual nacen la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y la Unidad de Programas y Proyectos de Inversión Pública (UNIPPIP), que procurarán el mejor uso de los recursos.
La Secretaría de la Contraloría (Secont) y la Consejería Jurídica conservan sus atribuciones legales, aunque ahora lo harán con un enfoque de combate a la corrupción e impunidad.
Por último, las secretarías de Salud (SSA), de Desarrollo Económico (Sedeco), de Turismo (Sectur) y de Protección Civil (Seproci), así como la Fiscalía General del Estado (Fgecam) y la Oficina de la Gobernadora, no tendrán cambio sustancial. Así, la actual administración estatal se queda con 15 de las 19 secretarías existentes y dos organismos.
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