Fracaso de López Obrador | Cifra mata rollo

Sergio Aguayo Quezada

Los presidentes jamás han informado (en cifras, miembros, plazas fuertes, poder económico) el tamaño de la amenaza de las organizaciones criminales. ¿No pueden o no quieren?
En el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México estamos en la última etapa de dos investigaciones ambiciosas. Una la coordino yo, y es sobre la estrategia de seguridad seguida por siete presidentes a partir de Miguel de la Madrid. Otra la dirige Rodrigo Peña y es sobre las políticas contra la inseguridad adoptadas por los jefes de Gobierno capitalinos a partir de 1994. Ni los presidentes ni los jefes han ofrecido, jamás, estimaciones y descripciones del poder criminal. Tampoco lo ha hecho el Gobierno de Estados Unidos, un tema que abordaré en otra ocasión.
Hace unos días tres investigadores (Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope) publicaron en Science, una prestigiada revista científica, una estimación de la cifra de personas que trabajan de tiempo completo para los criminales. Según este análisis, que tiene como eje rector el reclutamiento, las bandas criminales mexicanas son el quinto empleador más importante del país, en 2022 oscilaban entre 160 y 185 mil personas.
Tal vez porque el estimado fue retomado por algunos medios, el Presidente los descalificó tachándolos de “conservadores” y de difundir falsedades agregando que él podía “probar” que “quien está ofreciendo más empleo es la industria de la construcción, y tiene que ver con la inversión pública”.
Como los dichos presidenciales carecen de cifras, los números de Prieto-Curiel, Campedelli y Hope siguen causando polémica. Algunos cuestionan su metodología, otros, como Eduardo Guerrero, la consideran válida. Por cierto, Guerrero llegó a la cantidad de 170 mil —bastante similar— utilizando otra metodología (ver su columna para El Financiero del 25 de septiembre, ¿Cuál es la nómina del crimen organizado?).
La escaramuza me regresa a lo mencionado en las primeras líneas de esta columna. Andrés Manuel López Obrador es el séptimo presidente que evita explicar la magnitud del riesgo creado por los criminales para México. ¿Guardan silencio porque no saben o porque no quieren?
Sostengo que los presidentes sí han contado con estimaciones generales. Ofrezco como evidencia el contenido de los Guacamaya Leaks difundidos por los medios de comunicación. Son frecuentes los “diagnósticos delictivos” sobre entidades, regiones, ciudades o barrios. Es notable la precisión y el detalle sobre el tamaño de sus negocios y el número de sicarios que tienen. Son las piezas de un rompecabezas que permitiría hacer una estimación nacional sobre el tamaño del riesgo.
Ese diagnóstico podría completarse con la información reunida por las Unidades de Inteligencia de Sedena y Marina, por el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia del CNI o por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) que depende de la FGR. Es inverosímil que no hayan hecho una simple suma.
Por eso y por otras evidencias, sostengo que los últimos siete presidentes hubieran podido ofrecernos una buena descripción del riesgo. Tal vez no lo han hecho para no “alarmar” a la ciudadanía, porque no desean ofrecer información que permita estimar la magnitud de la infiltración criminal en el Estado o porque no desean exhibir los fracasos de su estrategia general. Sus silencios también impiden documentar las políticas exitosas.
Como es absurdo vivir en la ignorancia sobre un tema tan relevante, un buen número de académicos, empresarios, periodistas y activistas han llenado las bibliotecas, los medios de comunicación y las redes con cifras y estudios que avasallan y ahogan el triunfalista mensaje del “vamos bien” o del “ya nos estamos ocupando”.
Ejemplo de lo anterior es la difusión del segundo índice bianual difundido a finales de septiembre por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional (GI-TOC). Este organismo, con sede en Ginebra, muestra el lugar ocupado por México en el análisis de 193 países. En 2021 México ocupaba el cuarto lugar mundial de la criminalidad, en 2023 ascendió un peldaño: ahora es tercer lugar. Birmania es el número 1, Colombia el 2, Paraguay el 4 y El Congo el quinto. Otra evidencia de que la estrategia sobre seguridad de López Obrador ha fracasado.
En suma, cifra mata rollo.

@sergioaguayo
Colaboró Jorge Araujo