Abuso de poder, altos cobros en San Lorenzo

Por no respetar libre acceso a los propietarios de predios, los Sansores perderían la concesión

Por congruencia y no respetar las disposiciones federales de garantizar el libre acceso de cualquier ciudadano a la zona costera, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) debe retirar la concesión del predio de la playa de San Lorenzo a la familia de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, que en abuso de poder obliga a pagar excesivas cuotas a propietarios y visitantes del área, denunció el secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Luis Alonso García Hernández.

Los dueños de predios aledaños que obligadamente tienen que transitar por el camino que va a la propiedad del predio de la playa de la gobernadora Layda Sansores, han denunciado los abusos y se quejaron de las restricciones que impusieron para acceder por esta zona.

Señalaron que tuvieron que cubrir las cuotas que les impusieron arbitrariamente, pues los amenazaron con cerrar el paso incluso con bardas, y trascendió que algunas familias analizan interponer algún recurso legal.

La familia de la gobernadora tiene en su poder esta playa, que maneja desde años como si fuera privada. Es una propiedad de la que se hicieron mediante la corrupción y el despojo de tierras, desde que su padre el exgobernador Carlos Sansores Pérez, gobernó Campeche en la era de mayor latrocinio y saqueo, abundó.

García Hernández recordó que la familia de la gobernadora Sansores San Román obtuvo una concesión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de 20 mil 682 metros cuadrados para la playa de San Lorenzo, a nombre de Elsa Margarita Sansores San Román, que mañosamente se adjudicaron para supuestamente dedicarse a labores de conservación
Sin embargo, Sansores San Román contradice al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estableció que cualquier ciudadano puede acceder y transitar por las playas, mediante decreto publicado en el año 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A la Ley General de Bienes Nacionales se le adicionó un párrafo en el artículo ocho, en el que se establece que “el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado, ni condicionado”.

Los abusos de la familia Sansores San Román de condicionar mediante cobros arbitrarios a los propietarios de predios de esta zona, para ingresar a sus propiedades y de cerrar los accesos al área de playas a quienes se opongan a pagar, amerita multas, pues la legislación federal así lo establece. Las sanciones van de tres mil a 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, a los propietarios de terrenos colindantes y a los titulares de concesiones, permisos u autorizaciones que por cualquier medio o acto impidan el acceso a las zonas marítimas.

La gobernadora Sansores San Román no puede estar violando la ley a su antojo y capricho. No puede ser posible que incurra en violaciones a los decretos del mismo presidente López Obrador. Que se le aplique la ley y se le retiren las concesiones por abusos, atropellos y arbitrariedades. Las playas son públicas, y no tienen los Sansores porque impedir el libre tránsito y acceso, exigió García Hernández.