¿Y después de que el exconsejero presidente Juan Carlos Mena Zapata confesó que hubo fraude en el Séptimo Distrito, tendrá el valor Omar Talango de renunciar al cargo ilegítimo que ostenta?
Los dichos del exconsejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Juan Carlos Mena Zapata, respecto al fraude electoral cometido en el Distrito 7 durante la pasada elección, mediante el cual despojaron de un triunfo legítimo al Partido Movimiento Ciudadano, y se lo otorgaron al abanderado de Morena, Omar Talango Cervantes, deben ser motivo de una seria investigación y desembocar en una denuncia penal para imponer las sanciones que las leyes contemplan para ese tipo de acciones.
No fue un activista de MOCI el que detalló la forma como se operó el fraude. Tampoco son declaraciones del asesor jurídico de ese partido, y vaya, ni siquiera son expresiones del candidato fraudulentamente derrotado Jorge “Coco” Ávila Montejo, quien de acuerdo con los recuentos oficiales y las actas de escrutinio y cómputo firmadas por los representantes de los partidos, ganó la elección. Por un margen reducido ciertamente, pero ganó.
En sus dichos, el exconsejero Mena Zapata revela que “le solicitaron” que anulara esa elección. No dice sin embargo quién le hizo tal petición. Todo apunta a que fue la mentecata gobernadora Layda Sansores quien, al verse derrotada estrepitosamente en la capital, intentó rescatar al menos una posición, para evitar correr el riesgo de que MOCI se apoderara del control en el Congreso.
También confiesa que, ya en el litigio postelectoral del caso, le “sugirieron” que anulara la elección mediante la elaboración de una nueva acta de cómputo firmada por todos los representantes de partidos, quienes, por cierto, ya habían sido maiceados para que respaldaran ese fraude.
Al final, dice Mena Zapata, esquivó la responsabilidad de resolver ese asunto, una vez que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidió hacer un recuento en que “milagrosamente” salió vencedor Omar Talango. Claro, después de que anularon una casilla y que se desecharon 252 votos. Esto, vale la pena repetirlo, según las “confesiones” del exconsejero Mena Zapata.
Y hay que decirlo con todas sus letras: estamos ante un asunto muy grave. Ante un mal precedente. Todos los discursos, todas las marchas, todas las protestas, plantones y la resistencia civil de la hipócrita Layda Sansores contra el fraude, palidecen ante estas revelaciones que confirman que el Gobierno de la anciana de Palacio ha estado detrás de las autoridades electorales. Y que gracias a ello mantienen su mayoría en el Congreso. Les permitieron operar el fraude, el acarreo de votantes, la compra de votos, etcétera.
¿A cambio de qué? De impunidad. Pues esos consejeros tenían procesos penales que los iban a llevar al penal. Ya no se ha vuelto a hablar de eso. Ya tiene la farsante gobernadora su mayoría en el Congreso y ya prepara el siguiente fraude para que gane su delfín o delfina.
Qué triste destino nos depara. Sin justicia. Sin autoridades independientes que la impartan. Qué asco de Gobierno.
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