Cdmx .- En un debate tenso y lleno de argumentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Javier Aguilar dirigió sus palabras a la ministra Lenia Batres, enfatizando la importancia de mantener un tono respetuoso y basado en la lógica legal, más allá de expresiones emotivas o discursos políticos.
Aguilar inició su intervención recordando que la SCJN no es un espacio para arengas políticas, sino un tribunal de justicia que debe decidir en función de argumentos jurídicos. Según el ministro, el debate debe girar en torno a razones legales, y no a elevaciones de tono que desvíen la atención de los temas relevantes. “La discusión no debe reducirse a una pugna política”, puntualizó Aguilar.
El tema en cuestión, aclaró, es la legitimidad para presentar la impugnación, no la validez o improcedencia de la reforma de fondo. Aguilar subrayó que Batres había desviado la discusión con argumentos alejados del núcleo del debate. Para el ministro, esta desviación confunde a la opinión pública y no contribuye a una resolución jurídica sólida.
En respuesta a las declaraciones de Batres, quien mencionó que diversas leyes han sido invalidadas por la SCJN, Aguilar puntualizó que, si la Corte ha rechazado leyes, ha sido por errores o inconsistencias en su formulación, sin importar el origen del gobierno que las propuso. “No se trata de rechazar por rechazar, sino de defender la coherencia legal”, aclaró.
Además, Aguilar corrigió la interpretación de Batres sobre el artículo 127 de la Constitución, relativo al salario del presidente. Recordó que el artículo establece que la remuneración presidencial incluye tanto el sueldo en efectivo como compensaciones adicionales en especie, un detalle que, según él, suele ser ignorado en las argumentaciones de la ministra.
El llamado de Aguilar es claro: la SCJN debe ser un espacio donde el respeto a la ley y la argumentación basada en el marco legal predominen sobre las expresiones emotivas o políticas. La respuesta de Aguilar a Batres busca centrar el debate en el análisis riguroso de la legalidad, alejado de la retórica política, un punto que considera fundamental para preservar la independencia y credibilidad del máximo tribunal del país.
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