Ejército el nuevo gran empresario

Entregó AMLO empresas cuya inversión es de 305 mil 677 mdp

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Desde el pueblo de San Miguel Xaltocan en el Estado de México, Antonio Sánchez señala la escultura ecuestre del general Felipe Ángeles, colocada en el acceso principal al nuevo aeropuerto internacional bautizado en honor a este héroe de la Revolución Mexicana.

“Esa cosa ya se terminó y nosotros, una cosa tan sencilla, una escuela primaria, todavía no la terminan. ¿Qué más le puede decir uno de todo esto?”, expresa molesto el poblador.

Una barda enorme divide los terrenos del AIFA, inaugurado en marzo pasado, de esta comunidad de origen nahua. Los pobladores creyeron en uno de los proyectos estrella del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tanto, que donaron parte de sus terrenos ejidales.

Pero eso ya quedó en el pasado. Los militares, dicen varios habitantes, se han encargado de desencantarlos. Primero como propietarios del aeropuerto, al incumplir la promesa de que la calidad de vida de su comunidad mejoraría. Después, reprimiendo las protestas del pueblo para que cumplieran su palabra.

El 27 de mayo, un grupo de manifestantes se enfrentaron con piedras a  la Policía Militar.

Desde que el presidente López Obrador asumió el poder, las Fuerzas Armadas no sólo han aumentado su presencia en las calles, también han emprendido una nueva misión: convertirse en empresarios exitosos.

AIFA, S.A. de C.V. es una de las seis empresas de participación estatal mayoritaria que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) agrupa en un consorcio llamado Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.

Según un estudio realizado por la organización civil México, ¿Cómo Vamos? (MCV), que colaboró en sintonía con esta investigación, el nuevo grupo aeroportuario y ferroviario tiene un valor en activos de por lo menos 305 mil 677 millones de pesos.

El grupo militar, en un hecho inédito por su magnitud y forma de asociarse, también tendrá presencia con otros tres aeropuertos en los Estados de Chiapas y de Quintana Roo, el mayor polo turístico nacional.

Además, se encargará de administrar una ruta de mil 500 kilómetros de vías del Tren Maya en cinco Estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, y construirá una parte de su trazo.

El Presidente ha asegurado que confía en la milicia para esta tarea porque es “pueblo uniformado”. Fabiola Torres, líder comunitaria de Xaltocan, presente en las protestas del 27 de mayo, opina lo contrario.

“[Los soldados] no son personas que se presten al diálogo. Son personas que nos dicen ‘yo te doy esto y si lo tomas bien, si no, de todas maneras lo voy a hacer’. Así nos dicen: ‘Aunque te interpongas, lo voy a hacer’”.

Otro de los argumentos del Presidente para dotar a las Fuerzas Armadas de un poder económico sin precedente es que es una institución “incorruptible”. Sin embargo, conocer las entrañas administrativas, jurídicas y financieras del consorcio empresarial es una tarea improbable.

Para este trabajo periodístico se realizaron 54 solicitudes de información pública, con las que se buscó conocer el proceso integral que lleva la conformación del nuevo grupo aeroportuario y ferroviario. La Sedena declaró la “inexistencia de la información” en cada una de las solicitudes.

En dos ocasiones se pidieron entrevistas al Ejército, pero no se concedieron. Primero pretextaron la veda electoral por la revocación de mandato presidencial, realizada el 10 de abril; después, rechazaron las entrevistas porque los militares tenían “múltiples actividades programadas”.

La información lograda se obtuvo a través de la Secretaría de Hacienda. La Tesorería entregó los datos que la Sedena le dio para respaldar la viabilidad de los proyectos y que las mismas Fuerzas Armadas calificaron de inexistentes en las solicitudes.

El objetivo del consorcio empresarial es ejecutar y mantener las obras emblemáticas del presidente López Obrador, al tiempo que se mejoran las finanzas del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada con recursos económicos para su sistema de seguridad social y pensiones.

UN PUEBLO TRANSFORMADO

Fabiola Torres camina por una calle de terracería que conduce a la nueva zona escolar en construcción. Sostiene un plano de las obras en su mano y una minuta de acuerdos con firmas de funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Gobernación (Segob) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Torres encabeza un pequeño movimiento de pobladores de San Miguel Xaltocan, en su mayoría mujeres, que exigen el cumplimiento de compromisos hechos por el Gobierno Federal en 2019 a cambio de ceder 128 hectáreas de tierras ejidales para la construcción del AIFA.

La Sedatu está obligada a construir un centro de salud, un centro cívico, una plaza central, un preescolar, una primaria y una secundaria en Xaltocan. El compromiso, afirma Fabiola, obliga al Gobierno a que por lo menos una de estas obras hubiese sido terminada antes de noviembre de 2021, pero hasta la fecha ninguna está en funciones.