EXPEDIENTE | LOS CÓMPLICES DE LA DEBACLE CUATROTEISTA

No ha sido solo la inepta y negligente gobernadora Layda Sansores la única causante de que Campeche vaya a bajarse próximamente de la llamada cuarta transformación, ese tren que prácticamente se encuentra descarrilado. Son también responsables del malestar social diputados, alcaldes, funcionarios del gabinete y hasta los dirigentes morenistas. Todos ellos han propiciado que miles de campechanos hayan decidido castigar en las urnas a este fallido proyecto de nación.

El Congreso del Estado y los diputados morenistas, petistas y  verde ecologistas que la integran, han traicionado una y otra vez los intereses del pueblo noble y sabio, para respaldar de manera incondicional y sumisa, los caprichos de la corrupta gobernadora Layda Sansores, sea para la imposición de personajes en importantes puestos públicos —la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Transparencia o posiciones en el Poder Judicial, por ejemplo—, así como para la aprobación de leyes tan absurdas como ilógicas, que sólo confirman que la congruencia no es atributo de quienes forman parte del morenismo.

Por ejemplo, traicionaron al pueblo al aprobar la inclusión de la figura de “revocación de mandato” en la Constitución Política del Estado, con tres años de retraso y con una vigencia que correrá a partir de 2027. Es decir, blindaron la impunidad de la anciana Layda Sansores. Recuerden que sólo ameritan ese blindaje quienes están conscientes de que tienen cuentas pendientes con la justicia. Y vaya que la gobernadora tiene bastantes.

No sólo eso. Ajustaron la ley para que se pudiera construir el “tren ligero” sin rendir cuentas a nadie. Esa polémica “Ley de obra pública de interés de alto impacto”, que sólo existe en Campeche, es la causante de que la ciudad capital se encuentre en el caos. Taparon drenajes propiciando inundaciones, cierran calles a su antojo, con lo que generan conflictos viales y accidentes de tránsito, y destruyeron el malecón, que era uno de nuestros principales atractivos, por citar sólo algunos ejemplos.

Este mismo Poder Legislativo se ha negado a exigir cuentas claras a la gobernadora Sansores, sobre el destino del gasto público. Y no contentos con eso, le aprueban nuevamente el presupuesto estatal, sin corregir absurdos como destinar 33 millones de pesos para “sueldo del personal que labora en el extranjero”, sin que tengamos noticias claras de las funciones de ese supuesto “personal”.

Destinar más millones de pesos para la promoción de la imagen pública de la impresentable gobernadora, o darle a su “caja chica” más de 400 millones de pesos anuales, otros 900 millones a la Secretaría de Finanzas y más de cuatro mil millones de pesos a Marcela Muñoz, son evidentes abusos que nos confirman que hay complicidad entre los legisladores oficialistas y el corrupto Gobierno de la señora Sansores. Y eso nos explica también de dónde salió la lujosa camioneta que está estrenando el coordinador de la bancada mayoritaria, el diputado Antonio Jiménez Gutiérrez.

Es este mismo fallido Gobierno Laydista, el que sigue desplazando a los profesionistas campechanos, para dar espacios como magistrados del Poder Judicial a inexpertos chilangos, o que designaron como vicefiscal general al procedente de familia michoacana, Arturito Bravo Muñoz, cuya única carta de recomendación es ser hijo de Marcela Muñoz, la más querida por la gobernadora.

Pero decíamos que hay más causantes de la debacle cuatroteísta, como el alcalde paliceño Pedro Javier Ayala Cámara, otro delincuente incorporado a la 4T, que no ha dado la cara a los trabajadores de su Administración, a quienes se adeuda casi cuatro millones de pesos de sueldos y aguinaldos. De nada han servido los llamados para resolver el problema, pues el edil, quien llegó al cargo postulado por el PT, ni siquiera se presenta a trabajar, pero eso sí, cobra puntualmente sus sueldos y prestaciones.

Otro abuso de la 4T en Campeche fue haber postulado como diputado plurinominal  a través del Partido Verde Ecologista, al chilango Andrés Fernández del Valle Laisequilla, que ni siquiera vive en Campeche, sino en Mérida, Yucatán, y quien, literalmente, sólo acude al Congreso a cobrar. No ha tenido una sola intervención en tribuna —¿de qué va hablar si no le interesa lo que ocurra en nuestro Estado?—y es junto con la petista Ana María López Hernández, quien acumula más inasistencias.

Literalmente, Andrés Fernández del Valle Laisequilla se cuelga del Reglamento del Poder Legislativo para que no le descuenten sus dietas, ya que acude a dos sesiones, y a la tercera se ausenta, claro, con el permiso concedido por la directiva del Congreso. Tampoco ha presentado una sola iniciativa, ni se le ha visto en labores de gestión. ¿Acaso no había un campechano militando en el PVEM con posibilidades de hacer un mejor papel que este fuereño? Sí hay, claro que lo hay, pero no los ve la 4T. 

Los abusos en que incurren los alcaldes morenistas de Carmen, Pablo Guitiérrez Lazarus; de Champotón, Claudeth Sarricolea Castillejos o de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, por citar los tres casos más graves, también han propiciado el desencanto del pueblo campechano a todo lo que hieda a 4T, de suerte que es correcto anticipar una decepción generalizada que seguramente se va traducir en votos de castigo en las urnas.  Tiempo al tiempo.