Inicia veda electoral por revocación de mandato

Ayer inició la veda electoral, que estará vigente hasta el 10 de abril, día en que se llevará a cabo la consulta de la revocación de mandato, por lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que mantendrá estricto monitoreo de las actividades que realicen los tres órdenes de Gobierno, para evitar que violen esta disposición.

El encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva en el 02 Distrito del INE, Roberto Arellano Segoviano, anunció que todo ciudadano que considere que algún ente de Gobierno o medio de comunicación viole esta restricción, está en su derecho de hacérselo saber a esta autoridad.

“Desde ayer, en que fue emitida la convocatoria por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quedó suspendida toda propaganda gubernamental hasta el 10 de abril, y esta medida no aplica para la difusión de temas relacionados con servicios educativos, salud y la protección civil”.

A diferencia de las vedas por elecciones locales o presidenciales, que comienzan al terminar las campañas de candidatos y duran alrededor de tres días, el silencio previo a la consulta durará 65 días naturales, lo que implica que los actos de campaña y proselitismo electoral estarán prohibidos para servidores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Arellano Segoviano reiteró que los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno, están obligados a cumplir con esta veda, y que ellos como INE supervisarán para que no sea violentada la disposición.

“El INE primero monitoreará y determinará la infracción, y como todo proceso iniciará expediente para determinar cuál fue el motivo, si fue mero accidente, si no fue intencional la infracción o iba alguna intencionalidad en la difusión de la propaganda”.

Para finalizar, reiteró que la ciudadanía está en toda la libertad de observar y denunciar, si considera que algún acto de la autoridad vulnera este momento de veda electoral, pues se trata de que ninguna de las acciones gubernamentales impacten en la decisión de la población, para participar en la revocación de mandato.