Al confirmar que el Ayuntamiento de Campeche no tiene fecha definida para poner en funciones el Juzgado Cívico, la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre condenó que con el recorte presupuestal por casi mil millones de pesos que pretende el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a nuestro Estado en 2024, será mucho más complicado operarlo.
La justicia cívica le compete al Municipio, no a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), y se trabaja en una propuesta para contar con los jueces que se requieren, ya que también se necesitan cambios a la normativa municipal, para sustituir a los jueces calificadores por jueces cívicos.
No obstante, reconoció que la operación de la Sala de Justicia Cívica no es una iniciativa que haya hecho el Ayuntamiento, por lo que aún no han analizado cuáles serían las modificaciones de fondo que tendrían que hacerse a los reglamentos municipales.
Reconoció que son responsabilidades municipales, por lo que su Administración tendrá que ir haciendo las modificaciones, y significó que con la creación del Centro de Atención Municipal (CAM) ha mejorado paulatinamente el tema administrativo.
Sin embargo, remarcó que la carencia de recursos es una problemática, toda vez que los más de mil 800 millones de pesos asignados para este 2023 ya están etiquetados, y la reducción de 927 millones de pesos en participaciones federales para Campeche en 2024 sería un impedimento para poner en funciones el Juzgado Cívico.
Fechas para hacer las modificaciones no tengo, porque el cambio es paulatino. Depende también de los recursos que tengamos a disposición, y ahora que la Federación le va a quitar el 10 por ciento al Estado, va a ser mucho más complicado, subrayó.
Rabelo de la Torre aceptó que el cambio de jueces calificadores a cívicos es responsabilidad del Ayuntamiento de Campeche, por lo que la transición en el modelo de justicia tendrá que operarlo la Administración Municipal, aunque no especificó plazo para que entre en funciones.
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