El Tren Maya aún no aclara 97 mdp

En una de las obras insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó irregularidades en la construcción en los tres tramos del Tren Maya por 97 millones 50 mil 126 pesos 7 centavos, por pagos indebidos y duplicados y obras que no comprobaron haber sido ejecutadas.

El informe entregado por la ASF el pasado fin de semana desnudó irregularidades en la magna obra. Por ejemplo, dentro de los resultados a la auditoría de la construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya correspondientes al Tramo 1, Palenque-Escárcega, en los Estados de Chiapas y Campeche, determinó que no se tiene evidencia de que el servidor público a cargo de la Subdirección de Obras de la entidad fiscalizada en el ejercicio 2020, cumpliera con el nivel académico requerido en el Manual de Organización del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Según la firma del contrato TM-TRAMO 1/20-OI-01, Róger Francois Desdier Tello (con carrera trunca de arquitectura) firma como subdirector de Obras por Fonatur, mientras que Joao Paulo Vieira Da Silva lo suscribe por el consorcio LAMAT Tramo 1 SAPI de C.V. (conformado por las empresas Mota-Engil México, Gavil Ingeniería, Eyasa, China Communications Construction Company y Grupo Cosh.

Además, se determinaron intereses financieros por 19 millones 804 mil pesos ocho centavos, por el pago anticipado de 176 millones 635 mil pesos cuatro centavos; pagos por trabajos que se consideran duplicados por 10 millones 752 mil pesos 5 centavos y en seis conceptos a precios unitarios relativos a la partida de trabajos preliminares, terracerías y sistemas de vía, no se comprobó la ejecución de los trabajo. En total, la ASF determina montos por aclarar por 50 millones 243 mil 70 pesos 21 centavos en elTramo-1.

En la construcción de Plataforma y vía del Tren Maya correspondientes al Tramo 2, Escárcega-Calkiní, en el Estado de Campeche, hubo pagos anticipados por 143 millones 192 mil pesos, equivalentes al 50 por ciento del capítulo de “proyecto ejecutivo” al consorcio Operadora Cicsa, S.A. de C.V., en conjunto con FCC Construcción, S.A., sin que se haya proporcionado la cédula de avance ni la documentación que sustente la validación y autorización de la residencia y supervisión de proyecto ejecutivo. Tampoco se remitió la documentación que soporta el citado porcentaje. Para ese tramo se debe aclarar el destino de 25 millones 800 mil 172 pesos 47 centavos.

Por último, en la construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya correspondientes al Tramo 3, Calkiní-Izamal, en los Estados de Campeche y Yucatán, donde trabajan en consorcio Construcciones Urales, S.A. de C.V., GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. y AZVI, S.A.U., se observó que Fonatur no acreditó los derechos de vía incluidas las afectaciones a los sitios arqueológicos en las fechas establecidas en las bases de la licitación. En la evaluación de la propuesta ganadora la contratista duplicó en el análisis de costos indirectos de su propuesta diversos rubros considerados tanto en “oficina central” como en “oficinas de campo”.

Además se observaron los siguientes pagos: 14 millones 130 mil pesos un centavo por intereses debido al pago anticipado en el capítulo “proyecto ejecutivo”, ya que no se acreditó que el soporte entregado correspondiera con el porcentaje pagado. Un millón 623 mil pesos dos centavos, en dos conceptos, detectando que los volúmenes plasmados en los planos proporcionados no corresponden con los volúmenes establecidos en los generadores, y cinco millones 253 mil pesos seis centavos, en el contrato de supervisión, debido a que no se acreditó la participación de la totalidad del personal considerado en las matrices de los precios unitarios correspondientes. El total de los montos pendientes por aclarar en ese tramo suman 21 millones seis mil 883 pesos 39 centavos.

De acuerdo con el informe de la ASF, en la construcción del Tren Maya faltan por aclarar 267 millones 882 mil pesos, principalmente por intereses financieros, debido al pago anticipado de trabajos correspondientes al Tramo 4, Izamal-Cancún, así como “trabajos pagados pero no realizados” en el Tramo 1, Palenque-Escárcega.

Con base en estas cifras se tiene que el monto de las irregularidades detectadas en los tramos que pasan por el Estado de Campeche, corresponden al 36 por ciento del total. La Auditoría Superior de la Federación no ha informado si fincará responsabilidades por esas anomalías.

Trabajan sin supervisión ni protección ambiental

En su informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación responsabilizó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de no realizar inspecciones en materias de impacto ambiental en los mil 500 kilómetros que comprende el proyecto Tren Maya, en tanto que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable de la obra, no dio seguimiento a la mitigación y prevención del impacto ambiental.

La ASF también responsabiliza a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) de no informar sobre las medidas para detener la deforestación y que estas omisiones ocasionaron afectaciones ambientales en flora, fauna, suelo, aire e hidrología subterránea desde el inicio de la construcción del proyecto.

En su tercer informe de 2020, la ASF señala que en ese año, Profepa no programó ni llevó a cabo inspecciones en materias de impacto ambiental, fuentes de contaminación y forestal, relacionadas con el Tren Maya, no obstante que ese mismo año, el Fonatur realizó acciones relativas a la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), relacionadas con las obras y actividades de rehabilitación y mantenimiento de vía ferroviaria”, indicó.

La auditoría concluyó que la Profepa no inspeccionó la rehabilitación de la vía de Palenque, Chiapas, hasta Valladolid, Yucatán. La ASF agregó que desde Palenque, Chiapas, hasta lzamal, Yucatán, no se definieron costos de inversión para prevenir, mitigar y recuperar el medio ambiente.

Aún no se han definido las sanciones que impondrán a los funcionarios encargados de verificar esas acciones, sin embargo estas dependencias deberán compensar el daño causado a la flora y la fauna de la región.