DOBLE DISCURSO DE SANSORES.
La goberladrona Layda Sansores firmó un pronunciamiento de la Conago en el que rechaza “la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas”, y exige a ese país lo que ella como mandataria no proporciona a los campechanos.
“Imponer aranceles a las exportaciones mexicanas… impactará negativamente a la economía… afectando el comercio, la inversión y el empleo… es fundamental, mantener abiertos los canales de diálogo y negociación… la relación debe basarse en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación… Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo económico de nuestras entidades… impulsaremos estrategias para… fortalecer la competitividad de nuestra economía… Hacemos un llamado a la unidad nacional”.
Porque el impuesto cedular que pretende cobrar también impacta negativamente a la economía, afecta el comercio, la inversión y el empleo. Cerró los canales de diálogo y negociación con empresarios, críticos y opositores, lacerando el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación y con ello impide el desarrollo económico de Campeche. Su carencia de estrategias no fortalece la competitividad y su jaguar semanal polariza a la sociedad. Así, ¿cómo llama a la unidad?
SIN AVANCE EN INVESTIGACIÓN.
Han transcurrido tres semanas de que el periodista José del Carmen Rodríguez Rodríguez denunció haber recibido amenazas de muerte por segunda ocasión en cuatro meses, y no se ve ningún avance en la investigación de la Fiscalía. ¿Será porque entre los responsables mencionados figuran la goberladrona Layda Sansores, y al alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus?
El periodista isleño también mencionó a Alejandro Damas Montenegro y Lauro Arturo López Herrera, conocido como Arturo Palomeque, entre los responsables. Pese a haberse reunido con el fiscal Jackson Villacís Rosado, el vicefiscal Arturo Bravo Muñoz y el director de la policía ministerial —a quienes exhibió las pruebas de las amenazas recibidas a través de un tercero— sigue sin tener respuestas a sus justificadas preocupaciones.
Mañosamente las autoridades mencionadas se comprometieron a investigar y garantizar su seguridad, pero no le dijeron a partir de cuándo. Su averiguación camina a paso de tortuga, hasta ahora no notifican a Rodríguez Rodríguez de ningún avance y la incertidumbre crece a diario. Y es que si quienes deben garantizar la seguridad, son señalados por vulnerarla, ¿a quién se recurre?
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