Que investiguen corrupción, pide Ricardo Medina Farfán

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), derivada de la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado (ASF) en contra de exservidores públicos de la pasada Administración, entre ellos América Azar Pérez, exsecretaría de Finanzas (Safin), tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, y no ser exonerada por su parentesco con la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.
Así lo demandó el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputado Ricardo Miguel Medida Farfán, al señalar que Azar Pérez tenía bajo su responsabilidad administrar los recursos de los campechanos, y no puede alegar cuestiones políticas, porque la denuncia es promovida por un órgano nacional.
La denuncia presentada por la ASF ante la FGR por presuntos desvíos de recursos en la anterior Administración gubernamental, demanda y exige investigar plenamente a todos los involucrados y de manera especial y particular a aquellos exservidores públicos que tenían bajo su responsabilidad cuidar el dinero.
Cuando la ASF realiza las investigaciones, revisa la comprobación de recursos y la forma en que se erogaron. Tiene también qué determinar quiénes eran los que tenían bajo su directa responsabilidad cuidar que el dinero se aplicara de manera correcta y en total apego a la ley, consideró.
Estas personas tendrán que rendir cuentas, porque bajo la normatividad administrativa que regula el desempeño del servicio público, se responsabiliza a quienes directamente les correspondía ejercer el presupuesto.
Por eso Azar Perez, extitular de la Safin; el exsecretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, y el exsecretario de Desarrollo Rural (SDR) y actual secretario de Gobierno, Armando Constantino Toledo Jamit, tendrán que aclarar todas las observaciones que la ASF señaló, que son irregularidades que evidentemente tendrá que sancionar.
Se espera la aplicación estricta de la ley. Que las investigaciones no se usen con corte político, donde se busque exculpar a quienes hoy gozan de la simpatía del Gobierno de Morena, pues este tipo de acciones legales sólo se ven en quienes representan a la oposición. Esa práctica se observa en los niveles nacional y local, afirmó.