Para proteger su movimiento y a sus integrantes de acciones jurídicas en su contra, como las que han ocurrido en países como Argentina y Ecuador, Morena proyecta aprobar en septiembre la reforma al Poder Judicial.
Lo anterior lo dio a conocer Citlalli Hernández, senadora y secretaria general del partido guinda, durante el foro donde participaron también representantes de gobiernos de izquierda latinoamericanos.
De acuerdo con la agencia Animal Político, en el foro “Judicialización de la política contra los proyectos del pueblo”, realizado en el Senado, la morenista acusó que el Poder Judicial ha sido utilizado para perseguir, amedrentar y detener los procesos de transformación en otros países de la región latinoamericana.
Además, afirmó que se trata una parte de los grandes resquicios de los poderes conservador y fácticos, que buscan quitar lo que la voluntad popular definió en las urnas.
El lawfare, como es llamada la persecución política a través del Poder Judicial, se ha dado contra líderes políticos en distintos países latinoamericanos, afirmó Citlalli Hernández.
Aunque no estaba conceptualizado, el primer intento de lawfare en América Latina, fue el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para encarcelarlo y evitar su candidatura presidencial, consideró.
En entrevista, reconoció que si bien desde hace varias semanas su partido promueve y discute en espacios públicos la reforma judicial, pensando en combatir la corrupción y acceder a una justicia mucho más expedita, también hay una reflexión de que el Poder Judicial se ha utilizado para detener proyectos de su movimiento.
La militancia y los simpatizantes tienen claro que hay continuo ataque, pero aún no se interioriza el lawfare, ni los casos que han existido en América Latina para perseguir a expresidentes o funcionarios en turno mediante el Poder Judicial.
“Esta reforma al Poder Judicial me parece que, además de todo lo que podamos discutir en términos jurídicos, sociales, de justicia, de combatir privilegios, etcétera, sí tiene un contenido político, que es justamente blindarnos ante un posible uso de este poder”, recalcó la legisladora.
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