Pone en riesgo a juzgados y tribunales
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El recorte presupuestal que diversos diputados de Morena han planteado al Poder Judicial, por 25 mil millones de pesos, llevaría a un retroceso de ocho años, colocando a México en el escenario que existía en 2015.
De acuerdo con un análisis realizado por El Universal a los presupuestos y al ejercicio del gasto, dicha reducción implica que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pasen de recibir 78 mil 544 millones de pesos en 2023, a 53 mil 544 millones en 2024 en su conjunto, cifra similar a la que les fue asignada en 2015, cuando obtuvieron 51 mil 769 millones.
Desde aquella fecha (2015) hasta entonces, las capacidades institucionales del Poder Judicial crecieron a la par de su presupuesto; sin embargo, dicho recorte de 32 por ciento al monto que recibieron en 2023 implica regresar a aquel escenario, lo que representa desaparecer 63 por ciento de los juzgados de Distrito y 69 por ciento de los tribunales colegiados de Circuito en todo el país.
Con el recorte, el número de juzgados se reduciría de 737 a 461, mientras que la cifra de tribunales colegiados pasaría de 910 a 627.
Pese a ello, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha insistido en la posibilidad de recortar los recursos del Poder Judicial.
“Tienen excesos por cerca de 25 mil millones de pesos y vamos a hacer una revisión puntual de ese dinero que representa todo el gasto que no tiene que ver con el cumplimiento de sus objetivos”.
El pasado 28 de agosto, la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, presentó el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, que contempla un aumento real de cuatro por ciento respecto a lo aprobado para 2023, es decir, un gasto de más de 84 mil 700 millones de pesos; no obstante, Ignacio Mier tachó de “mafioso” el mensaje y adelantó que pedirán a la ministra presidenta que acuda a San Lázaro para que explique el uso de los recursos.
“Ahora la citaremos para que nos explique su presupuesto y, sobre todo, lo que nos cuestan los sobresalarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte “, expresó.
El presupuesto que el Poder Judicial solicitó para 2024 representa 0.9 por ciento del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en tanto que la inversión per cápita para el PJF oscila en 1.8 pesos diarios por cada mexicano, mientras que el promedio de los sistemas judiciales en países de Europa equivale a cuatro pesos mexicanos per cápita (2022).
Del total de sus recursos, el Poder Judicial destina 86.1 por ciento del presupuesto al pago de remuneraciones de las más de 55 mil 800 personas que lo integran (tres mil 624 de la SCJN, mil 593 del TEPJF y 49 mil 171 del CJF), de las cuales ocho de cada 10 realizan labores jurisdiccionales, es decir, actividades relacionadas con la defensa y protección de los derechos de las personas, así como de su patrimonio, trabajo, familia, seguridad y desarrollo, por lo que un recorte también implica despidos masivos en todo el país.
Lo anterior también representa un riesgo de retroceso en la procuración de la justicia, ya que aun en las condiciones actuales existe un rezago de juzgadores en México. De acuerdo con estimaciones del propio Poder Judicial, el país cuenta con un promedio de cinco personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, mientras que el estándar internacional es de 65 y el promedio de la región latinoamericana es de 18.7.
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