Al asegurar que ni el Gobierno del Estado ni la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, han recibido notificación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la denuncia del senador morenista Ricardo Monreal Ávila, el consejero jurídico estatal Juan José Alcudia Vázquez admitió que no han analizado promover queja por daño moral contra el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, por exhibir audios donde la mandataria estatal presuntamente extorsiona a empresarios mexicanos.
Sostuvo que la Administración sansorista no ha sido requerida para brindar información, o siquiera notificada del inicio de algún procedimiento judicial en contra de la titular del Poder Ejecutivo Estatal, tras la denuncia del aspirante a la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República, por presunto espionaje en sus comunicaciones privadas, y por peculado ante el uso de la televisora del Estado para su difusión.
No obstante, manifestó que “de ser necesario, y ante la posible existencia de la denuncia, se tendría que dar contestación”.
El funcionario estatal también confirmó que, por el momento, Sansores San Román no ha contemplado interponer una denuncia penal contra Rojas Díaz Durán, o quien resulte responsable, por los audios difundidos en el “Miércoles del León”, la contra del “Martes del Jaguar”, donde se exhibe que ella habría incurrido en extorsiones a empresarios mexicanos, pero aseguró que el material audiovisual carece de veracidad.
Agregó que otras denuncias interpuestas contra la gobernadora —no especificó cuáles—, “han sido respondidas en tiempo y forma, por lo que esperaremos que los juicios continúen su cauce legal para combatir las resoluciones de los jueces, en caso de ser necesario”.
Sobre los amparos para que la gobernadora deje de exponer audios del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, comentó que están en manos de los juzgados federales, donde resolverán si se cometió algún delito.
Por último, Alcudia Vázquez expresó que, según las leyes vigentes en nuestro país, la difusión de audios relacionados con el exgobernador de Campeche no configura ningún delito, aún y cuando el material fue obtenido de conversaciones privadas, por lo cual “combatimos todos los recursos legales presentados, a la espera de que las autoridades judiciales resuelvan lo conducente”.
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