Con más de 10 argumentos, razones y justificaciones técnicas, jurídicas y sociales, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PR) solicitó a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román vetar la Ley de Amnistía del Estado, aprobada por Morena, porque por ser errónea, inconsistente e incongruente, “meterá en problemas a los campechanos”.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Miguel Medina Farfán, dio a conocer que entregaron un documento al secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, en el que plantearon las distintas razones jurídicas y sociales para demostrar la inviabilidad de esta ley aprobada en su mayoría por diputados de Morena.
No hay una justificación social para esta ley, añadió, cuando las estadísticas o los números oficiales del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las encuestas de violencia que emite el Inegi muestran un alza en la tendencia en la comisión de delitos en el Estado, principalmente en robos de motocicleta, a casa-habitación y de negocios en los últimos cuatro meses y la última encuesta de inseguridad emitida en diciembre, revela que la percepción en este rubro en las familias de Campeche también es alta.
No tiene sentido crear una ley que tiene como objetivo poner en la calle a personas responsables de cometer ilícitos, cuando la ciudadanía demanda mayor justicia y terminar con la impunidad.
Medina Farfán señaló que la figura de la amnistía como tal, excluye de responsabilidad penal a las personas ya sea denunciadas, procesadas o sentenciadas, que es totalmente contrario a como lo pretende justificar Morena de que no se aplicará a todos, sólo a inocentes que están injustamente en la cárcel, lo cual es totalmente falso.
Una vez que quede promulgada esta ley, todas las personas acusadas por robo, que sea la primera vez que tengan un antecedente, cuyo delito no rebase los cinco años de prisión y que haya firmado un convenio de reparación del daño, no precisamente que ya reparó el daño, sólo un compromiso, serán beneficiados de la amnistía para obtener su libertad y no podrán ser castigados o sancionados por estos hechos. “No es para los injustamente detenidos, sino que aplicará para todos”.
Aproximadamente 600 personas podrían ser beneficiadas, solamente de lo que ocurrió en los últimos cuatro meses, pero como es retroactiva, a partir del momento en que se publique, será mayor el número.
Además hay inconsistencias en esta ley, ya que señala que no se aplicará en personas que cometieron delitos contra la vida y la integridad corporal, pero en el artículo tercero establece a excepción si cometieron robos, rebelión o sabotaje, por lo que si alguien cometió robo y al mismo tiempo lesionó a alguien, puede ser beneficiada.
De acuerdo a las estadísticas, no hay casos en Campeche de procesados o sentenciados por sabotaje o rebelión
Son más de 10 argumentos, razones jurídicas, técnicas y sociales para demostrar que no es viable esta ley, entre ellos, la mentira de que porque existe una Ley Federal de Amnistía, se tiene que aprobar en Campeche. Incluso el diputado Jorge Pérez Falconi reconoce que son competencia y jurisdicciones distintas, y el Congreso tiene facultades para decidir si la emite o no, no es obligatorio ni necesario.
El PRI confía que se realice una revisión objetiva e imparcial, no partidista, ya que hay elementos suficientes para que en el uso de las facultades constitucionales, la gobernadora devuelva esta iniciativa al Congreso local con las observaciones pertinentes.
Debido a que el Congreso se encuentra en receso, el Ejecutivo Estatal tiene hasta el primer día en que los legisladores se reúnan nuevamente, es decir en los primeros días de mayo, para tomar una decisión, aunque la pueden publicar antes, y de ser así le darían la espalda a los campechanos.
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