Rearquitectura Estado de Derecho: Incontables ilegalidades

Ignacio Morales Lechuga (*)

Durante los últimos cinco años la violencia y las violaciones a la ley han sido la constante en todo el territorio nacional. Aumentaron los asesinatos y las desapariciones; la corrupción en obras públicas; además de las transgresiones constantes a la separación de poderes y una descarada sumisión de la mayoría del legislativo a la voluntad presidencial.

Son incontables las ilegalidades que se cometen o se alientan al amparo del poder presidencial, todos las conocemos, pero pocos se percatan de que el verdadero atentado es en contra del Estado de Derecho, ese conjunto de normas que regulan y permiten la convivencia social a la vez que establecen obligaciones al gobierno y lo facultan para sancionar a quienes incumplen la ley.

Un Ejecutivo ilimitado transgrede hoy las normas vigentes y se ufana de ello cuando esgrime: “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley” o cuando equipara al juicio de amparo con un “sabotaje legal”.

México no ha sido ejemplar en el cumplimiento del Estado de Derecho y hoy está peor que nunca. El deterioro avanza a paso acelerado. El uso indiscriminado del criterio de seguridad nacional ha permitido a este Gobierno mantener en la opacidad y secrecía el gasto público.

La situación que vivimos invita a reflexionar sobre la urgente necesidad de un cambio político en 2024 que traiga aparejado el compromiso ineludible de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Éste debería ser suscrito desde hoy por los partidos políticos como señal de verdadero espíritu democrático que asegure respeto absoluto a la división de poderes, la Constitución y la autonomía de los organismos constitucionales.

Los mexicanos debemos señalar abiertamente que queremos vivir bajo el imperio de la ley, esa que aplica para todos sin distinción, desde el más humilde de los ciudadanos, hasta el Presidente de la República. Es revelador, aunque alarmante, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca antes haya tenido tanto trabajo como en este sexenio y es inadmisible que quien más atropellos comete sea precisamente el Poder Ejecutivo al amparo de sus incondicionales en el Legislativo.

En su teoría política, Hobbes considera que el Estado es un enorme Leviatán que tiene el monopolio del uso de la fuerza para mantener el orden natural de la sociedad. Es mediante la fuerza legal, no los abrazos, que se controlan las peores conductas antisociales. La coactividad es consustancial a la norma y ésta debería ser aplicada en todas las situaciones, esa es la única forma de restablecer y mantener la ley.

Sin este simple precepto, el Estado pierde su razón de ser y queda incapacitado para llevar a cabo su función primigenia de ordenador y condicionante de la convivencia social.

Hoy el Presidente ha dejado de ser una solución y se ha convertido en el principal transgresor del Estado de Derecho. Es necesario transitar hacia estructuras institucionales de participación ciudadana más parecidas a las democracias contemporáneas que a las monarquías absolutistas, para ello se requiere promover una rearquitectura del sistema político a través de reformas legales que comprometan al Presidente a dar más peso a la administración pública, obliguen a la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, a la dignificación del pacto federal y al cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha suscrito.

Es indispensable limitar el poder unipersonal del Ejecutivo, este país no aguantaría otro Presidente que niegue la catástrofe y culpe al pasado de sus tropiezos e ineficiencias mientras se dedica a gastar en ocurrencias el patrimonio de los mexicanos o a desviar los recursos a través de una corrupción y opacidad tan extendidas que sólo pueden ser frenadas con la imprescriptibilidad de dichas conductas, para que el corrupto nunca pueda escapar saliendo del país a disfrutar el producto de sus delitos y nunca descanse ni duerma tranquilo en el cómodo colchón de la impunidad.

(*) Notario, exprocurador general de la República.