Con la amenaza de que hoy lunes no permitirán labores en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 52, que es la de mayor carga de trabajo por contar con más de cinco mil expedientes en litigio, resulta inconcebible que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pretenda homologarla con la de Campeche, ya que impactaría de manera importante en la clase obrera.
Afirmó lo anterior Roberto Kidnie Ramos, presidente del Colegio de Abogados Laboralista del Estado de Campeche, A.C., al explicar que la determinación de las autoridades federales de cerrar la JFCA, ha llevado a ese gremio desde el pasado viernes y hasta que no se lleve a cabo un diálogo con las autoridades a mantenerla sin actividades.
“En reiteradas ocasiones escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, decir que durante su gestión se haría justicia para Carmen, sin embargo, eso parece que sólo quedó en discurso, pues en la realidad vemos todo lo contario”.
Detalló que con el cierre de la JFCA se queda sin empleo 20 personas de manera directa, pero impactará a más de 100 abogados litigantes laboralistas, ya que las empresas preferían contratar personas de la capital del Estado a pagar los gastos de traslado y viáticos.
“Exigimos justicia para la clase trabajadora y para los abogados, pedimos que se respete el Decreto Presidencial, en la que se indica que ninguna JFCA será cerrada, tanto no se concluyan los expedientes que se encuentren en litigio”.
En el país se están cerrando JFCA, sin embargo, esas se encuentran en un mismo edificio o en una misma ciudad, pero en el caso de Campeche, no se considera que la que se pretende cerrar, se encuentra a más de 200 kilómetros de distancia, además de ser la de mayor carga, no se pueden homologar, ya que la experiencia del personal está en Carmen, resaltó.
Kidnie Ramos dijo que de concretarse esa irregularidad, se estaría aumentando los costos de los procesos, impactando en los bolsillos de los trabajadores, quienes preferirán cerrar sus expedientes a realizar un gasto mayor.
“Se acabaría el principio de equidad social, toda vez que la clase obrera está desprotegida y se tendrían que aumentar los costos, dejan vulnerable a los trabajadores y se hace una cuestión injusta”.
Los abogados permanecen desde el fin de semana hasta este lunes a las puertas de la JFCA, ya que aseguraron, que al encontrarse empaquetados varios expedientes, esos pueden ser trasladados de forma sigilosa.
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