Al confirmar que hay desabasto de 25 al 30% de medicamentos, pues algunos no se producen en el país, la secretaria de Salud (SSA) de Campeche, Liliana Montejo León, destacó que se buscan alternativas de gestión para que los tratamientos de los pacientes no se interrumpan, y rechazó que en la entidad exista tráfico y piratería de fármacos.
Destacó que al corte de octubre se confirmó que el abasto de medicamentos es de entre 70 a 75% en los hospitales y de 70% para el primer nivel de atención, cuando en años anteriores apenas se alcanzaba cerca del 40%.
Del 30% de los medicamentos faltantes comentó que cuando no hay específicamente para algún paciente, se recurre al área de gestión ciudadana y se le apoya, con el fin de no interrumpir su tratamiento. Además, se enfatiza al área médica generar alternativas para que se pueda atender en tiempo y forma.
Sobre las causas del desabasto, indicó que a veces algunas claves se quedan desiertas, porque no se producen en México, sino en otros países. Aparte hay determinadas claves que no se adquieren fácilmente. Por eso se insiste en dar alternativas de prescripción médica o de recetas.
En estos momentos, consideró, se atraviesa por la fase final de recibir la compra consolidada que viene desde la Ciudad de México y en diciembre, antes de culminar 2022, el Estado de Campeche recibirá un nuevo lote.
En relación a cuánto se invierte en la compra de medicamentos, sostuvo que se realiza a través de compra consolidada, y varía cada año. La Federación lo tiene previsto a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Es importante recordar que los medicamentos se reciben de la Federación, y el Estado sólo realiza algunas acciones de fortalecimiento. Tenemos de la Federación prácticamente en compra de medicamentos cada año cerca de 120 millones de pesos, expuso.
A la fecha en Campeche, aseguró, no se cuenta con una denuncia formal por venta de medicamentos de manera irregular, piratería y tráfico en comparación con otras entidades federativas, aunque se está al tanto en coordinación con autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno.
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