En Concreto

Jorge Gustavo Sansores Jarero

Firmes hasta el 2028

Llegó la fecha esperada por muchos, con el resultado que algunos vaticinábamos: las Fuerzas Armadas permanecerán en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, mientras que la Guardia Nacional (GN) estará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que convierte a este nuevo cuerpo de seguridad en un brazo más del Ejército.

Fueron 87 votos a favor —de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)— y 40 en contra, en el Senado de la República, los que dieron el “sí” a la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre Valdez —del PRI—, para que las Fuerzas Armadas (Sedena y Semar) permanezcan en las calles en tareas de patrullaje, prevención del delito y combate a la delincuencia en territorio nacional, hasta el año 2028.

Y esta aprobación no hubiera sido posible, hay que recalcarlo y admitirlo, sin el empuje y firmeza del diputado federal y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien fue duramente criticado por apoyar la iniciativa de su compañera de bancada, cuando días antes de la aprobación de esa iniciativa en la Cámara de Diputados, el campechano había dicho tajantemente que no aprobaría que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena. Aprobó ambas.

Nuevamente, y pese a los esfuerzos de políticos como Miguel Ángel Osorio Chong o Claudia Ruiz Massieu, del PRI; incluso de las senadoras Lilly Téllez o Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN), Moreno Cárdenas logró el cabildeo necesario y dejó claro su liderazgo político. Por supuesto, con el aval de Morena y PRD. ¿Deberán agradecerle los morenistas?

Y mientras ya es un hecho que las Fuerzas Armadas continuarán en labores que le competen a las fuerzas policiacas estales y municipales, como ha sucedido desde el año 2006, pero ahora también con el apoyo de la GN, lo que resta ver son qué reformas habrá a dicha ley para que su trabajo sea más eficiente.

Porque esperar a que las fuerzas policiacas estatales o municipales sean capacitadas, queda claro que no es prioridad de esta administración federal. A las secretarías de Seguridad estatales les han quitado poder —en algunos casos es bueno—, no les mandan recursos, sólo les dan en comodato armamento y pertrechos. Sus titulares, sobre todo en gobiernos morenistas, se limitan a culpar a sus antecesores, a presumir que ahora les va mejor, pero no aceptan la realidad de las corporaciones a su cargo. De esa forma vulneran a los agentes, a quienes pretenden tranquilizar con apoyos mensuales.

Por supuesto que no debemos omitir que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una política de “abrazos, no balazos”, que ha vulnerado mucho a las Fuerzas Armadas del país, tanto a la Secretaría de la Defensa como a la de Marina y a las policías. En ese tenor, de poco o nada servirá la permanencia de militares y marinos en las calles, cuando la orden del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es decir del Presidente, es respetar a sus enemigos.

Por otro lado, mantener al Ejército y la Marina en labores de seguridad pública, y ver que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) defiende a capa y espada esta iniciativa priísta, tiene dos vertientes: o ya reconocen que en el 2006 y 2012 —cuando votaban en contra— estaban equivocados, o de plano aceptan que la delincuencia está imparable en nuestra nación y es necesario el apoyo de la milicia para combatirla. Me voy por la segunda, aunque en la práctica poco pueden hacer los militares.

Días antes de la aprobación en el Senado, el colectivo de hackers Guacamaya dio a conocer documentos, en donde la Sedena advierte que varios gobiernos estatales y municipales mantienen relación con diversos grupos criminales en el sureste del país, algo que hasta hace unos días negaban los mandatarios estatales y municipales, así como sus jefes policiacos. Ahora callan.

El presidente López Obrador se mostró sorprendido por la filtración de documentos tras el hackeo de Guacamaya, y en torno a la presunción de espionaje por parte de la Sedena a políticos y medios de comunicación, aseguró que “el Ejército no espía, realiza labores de inteligencia”.

Investigaciones y compra de equipos de alta tecnología para dar con líderes de grupos delictivos, pero también contra adversarios políticos, y de nada ha servido el trabajo de la Sedena y la Semar cuando los gobiernos estatales niegan el incremento de la delincuencia, dejando mal a los mandos militares.

Y en efecto, militares de alto rango en el país, en concreto del sureste, aseguran que en su momento advirtieron de la creciente delincuencia en la frontera sur de México por la apertura de las garitas y el paso de caravanas migrantes, pues podrían ser reclutados por diversos grupos criminales. Pero la respuesta desde Palacio Nacional fue que “tenemos una política de fronteras abiertas, no somos xenófobos”.

Ahora que la militarización del país es más necesaria que hace 16 años, pues la política presidencial no abona en el combate a la delincuencia y los cuerpos policiacos de algunos Estados carecen de equipamiento, surgen otras interrogantes al interior de las secretarías de la Defensa y Marina y la Guardia Nacional. ¿Ahora tendrán ‘permiso’ para repeler agresiones y/o realizar labores de combate a grupos delictivos? ¿O seguirán únicamente en labores de patrullaje, de apoyo y en puestos de revisión?

Cada vez es más común ver a grupos militares manifestando su inconformidad en las redes sociales, sin que los altos mandos hagan algo para que tengan el trato digno que les ofrecieron. Duermen donde pueden y comen lo que sea con tal de hacer lo que les exigen.

Y en efecto, desde que las Fuerzas Armadas patrullan las calles se han vulnerado los derechos humanos y civiles, incluso de la tropa, mientras que a muchos delincuentes los ‘respetan’, pues “también son humanos”, diría el Presidente.

Pero esta administración lopezobradorista concluirá en el 2024, y entonces el próximo/a mandatario/a federal recibirá la estafeta con el patrullaje militar en las calles, hasta el 2028. Es decir, durante cuatro años del próximo Gobierno estarán el Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. ¿Modificarán la política actual? ¿Capacitarán a las fuerzas policiacas y les darán los recursos necesarios para su equipamiento? ¿O dejarán que la olla de presión estalle? ¿En qué bando? ¿Con qué afectaciones?