EXPEDIENTE | DESASTROSA LA ADMINISTRACIÓN SANSORISTA

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó severas irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el Estado de Campeche, que involucran un monto total de 13 mil 448 millones de pesos, de los 19 mil 303 millones de pesos auditados.

Es decir, que si hacemos una leve sumatoria, veremos que el 69.6 por ciento de los recursos fiscalizados (¡casi el 70%!), tuvieron alguna observación por parte de los auditores, y con ello se evidencia el pésimo manejo administrativo del nefasto, ineficiente y corrupto Gobierno que encabeza Layda Elena Sansores San Román.

Son preocupantes los montos, porque nos confirman que el dinero que se destina a programas, acciones y obras del Gobierno Federal no llega a su destino final. O se quedan en el camino, o se van a otras manos, o simplemente el dinero tiene que devolverse, ya que si no hay comprobación del gasto, la Secretaría de Hacienda lo reclama de vuelta.

Haciendo números, veremos que en 2023, el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche fue por un total de 24 mil 826 millones de pesos, de los cuales 22 mil 237 millones (el 89.5 por ciento), provinieron de las participaciones federales, lo que nos habla de la terrible dependencia que seguimos teniendo del apoyo federal, dato que es aún más preocupante cuando constatamos que cada año el apoyo federal se reduce por culpa de la gobernadora Sansores, que es una pésima gestora.

Pues bien, resulta que de esos 22 mil 237 millones de pesos que nos aportó la Federación en 2023, el nefasto Gobierno de Layda Sansores hizo mal uso de 13 mil 448 millones de pesos, o sea, el 60.47 por ciento, lo que reconfirma que estamos ante el peor Gobierno de toda nuestra historia.

De acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron irregularidades en 13 mil 448 millones de pesos, de los cuales 283 millones siguen sujetos a aclaración.Se auditaron mil 175 millones de pesos destinados a los Municipios, y se presentaron observaciones por más de 331 millones.

Entre las principales observaciones destacan proyectos estatales con inconsistencias y fallas en ejecución de obras y adquisiciones gubernamentales.Falta de comprobación, pues se hacen pagos sin la debida documentación, y también desvío de recursos, pues se usan los fondos federales para fines distintos a los establecidos.

Una pequeña muestra de esos “desvíos hormiga” en que incurre la Administración Sansorista es que, por ejemplo, adjudicó irregularmente un contrato para la adquisición de una Cámara Hiperbárica destinada al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”.

De acuerdo con el informe, la compra, realizada a través del contrato INDESALUD-INSABI-LP-RM-F018-2023, fue financiada con recursos del programa U013 2023 y ascendió a 3.5 millones de pesos. Sin embargo, la ASF constató que la adjudicación se otorgó al proveedor con el precio más elevado, pese a existir opciones más económicas y con menor tiempo de entrega.

Además, en el acta de presentación y apertura de proposiciones, sólo un proveedor presentó la documentación completa, lo que impidió una verdadera competencia para obtener la mejor oferta, lo que llevó a la ASF a concluir que “los recursos públicos no fueron administrados con economía, transparencia, ni honradez, dejando dudas sobre el proceso de contratación”.

Que conste, escribimos párrafos arriba, que es sólo una muestra, una pequeña prueba de las graves irregularidades en que ha incurrido el nefasto, perverso y corrupto Gobierno de Layda Sansores San Román, que ha navegado tres años y medio en total opacidad, con adjudicaciones sospechosas y probadamente amañadas, en que los beneficiados de los contratos tienen que soltar mochadas de varios millones de pesos.

Si una revisión anual de la ASF detectó irregularidades en más del 60 por ciento de los recursos ejercidos, no quisiéramos saber qué pasará si la fiscalización abarcara el 100 por ciento de los más de 100 mil millones de pesos que ha manejado la corruptísima Sansores San Román. 

De entrada, habría irregularidades en el 60 por ciento del dinero erogado, y estamos ciertos que ese porcentaje no es mayor, porque el 40 por ciento restante ya está etiquetado para sueldos, salarios y prestaciones de los empleados estatales, maestros y la burocracia federal, pues de lo contrario, Layda Elena y sus socios barrerían con la quinta y los mangos.

Que quede constancia que se trata de información oficial, publicada en la página de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ni son inventos nuestros ni hemos manipulado nada, de modo que si la anciana gobernanta se siente agredida en su género, infame fama pública o inexistente moral, que vaya y le reclame a los auditores federales.