En lo que parece ser un claro ejemplo del uso del poder para anular a posibles contendientes políticos, el exalcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, ha sido inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos. Esta decisión, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche (TJACAM), surge tras las “faltas administrativas graves” que supuestamente detectó la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECAM) durante su gestión como alcalde. Sin embargo, resulta difícil no ver esta sanción como parte de una estrategia más amplia para eliminar cualquier futura aspiración electoral de Fernández Montufar.
La gobernadora Layda Sansores se habría asegurado de que esta inhabilitación represente la sanción administrativa más severa impuesta en el estado. Aunque Fernández Montufar aún tiene la opción de impugnar la decisión ante la Sala Superior del TJACAM, el panorama parece sombrío dado el evidente control que la gobernadora tiene sobre las instituciones encargadas de impartir justicia en Campeche.
No es la primera vez que EFM se encuentra en la mira de las autoridades bajo la administración de Sansores. Recientemente, fue vinculado a proceso por el uso de supuesto documento falso, en el que se habría falsificado la firma de su excontralor municipal, Sergio A.N.R., para justificar un crédito de 40 millones de pesos. Este nuevo caso se suma a una serie de acusaciones que parecen calculadas para destruir su imagen pública y truncar cualquier posibilidad de que se convierta en una amenaza electoral.
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