ADELANTA OPOSICIÓN QUE ACUDIRÁ A CORTE A IMPUGNARLO
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Apro) — Líderes parlamentarios de oposición en el Congreso de la Unión advirtieron que integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante decreto, como anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, “es inconstitucional” y adelantaron que de ser así acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo dijeron en entrevista con El Universal los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MOCI.
“Preocupante y alarmante que el Ejecutivo pretenda gobernar a decretazos, violando la Constitución de manera flagrante. Es gravísimo que el tema de la militarización del país pretenda darse a toda costa, o sea, si no me aprueban mis reformas pues entonces no lo paso al Legislativo, violo la Constitución y saco un decreto. Esto carece de toda legalidad, pero también de toda legitimidad.
“Vamos a llevar a cabo todas las acciones legales y constitucionales que estén a nuestro alcance, por supuesto que iremos a la Corte porque esta es una violación franca a la Constitución”, declaró el líder perredista en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro.
Jorge Romero, coordinador del PAN, explicó que para modificar la Carta Magna se requiere de un proceso legislativo a fin de que los cambios se aprueben por amplio consenso y no a capricho de una sola persona.
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal Alejandro Moreno, advirtió que la Guardia Nacional es una institución concebida bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que ningún decreto presidencial puede alterar esta disposición.
Alejandro Moreno precisó que la única forma de lograr la adscripción de la Guardia a la Sedena “sería a través de la mayoría calificada en el Congreso, la cual no tienen”.
Al respecto, Rubén Moreira, coordinador del tricolor en San Lázaro, recordó a El Gran Diario de México que las dirigencias del PRI, PAN y PRD han instruido una moratoria para no votar una reforma constitucional que militarice la seguridad.
“Y en esa materia no respaldamos la militarización mediante reforma y menos mediante decreto, porque un decreto no le da la solidez jurídica que una institución de Estado requiere”, detalló.
El líder de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja, Jorge Álvarez Máynez, manifestó su preocupación “porque se consume una traición al juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución” y “que se actúe menoscabando la división de poderes y las facultades del Ejecutivo.
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que es una acción inconstitucional. “Hoy el Gobierno está otorgándole a nuestras Fuerzas Armadas, atribuciones que no tienen y está, por lo tanto, sobre exponiéndolas a la corrupción y a generar todo tipo de relaciones perniciosas y peligrosas que ponen en riesgo la seguridad del país”, dijo.
UNA AMENAZA
En la Cámara de Senadores la oposición calificó el anuncio del Ejecutivo como “una amenaza al orden constitucional y un paso hacia un autogolpe de Estado”.
La vicecoordinadora de la bancada del PAN, Kenia López Rabadán, anunció que una vez que se promulgue dicho decretazo inmediatamente se interpondrá una acción de inconstitucionalidad.
El senador Clemente Castañeda, coordinador de MOCI, afirmó que lo anunciado por López Obrador es una amenaza al orden constitucional, “y de eso a un autogolpe de Estado hay sólo un paso”.
Juan Manuel Fócil, senador del PRD, recordó que en la Constitución está estipulado que la Guardia es un cuerpo civil. “El decreto del Presidente desde mi apreciación viola la Constitución y esto va a traer consecuencias de que tengan que declararlo inconstitucional”.
ES LEGAL, DEFIENDE MORENA
Al respecto, el grupo parlamentario de Morena en el Senado manifestó su respaldo a la intención del presidente López Obrador de emitir un acuerdo para incorporar a la Guardia a la estructura de la Sedena sin necesidad de que se reforme la Constitución.
El vocero de esa bancada, César Cravioto, aseguró en entrevista con que no habría nada ilegal en caso de que el Presidente firme un decreto con ese fin, ya que la organización del Gobierno Federal le corresponde y es una responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, señaló que la oposición está en su derecho de impugnar ante las instancias jurisdiccionales la legalidad de los actos de Gobierno.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez alertó de los riesgos de la militarización de la seguridad nacional, además de que “implicaría eludir el debate legislativo para contravenir la Constitución”.
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