Negligencia criminal en vacunación antiCovid

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara baja, anunció que presentará, junto con varios compañeros de su bancada, una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se investiguen las fallas en la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19, tales como la caducidad de 14 millones de vacunas almacenadas y que podrían quedar inservibles, la falta de transparencia en los contratos con las farmacéuticas y la negativa a vacunar menores de edad, a fin de que se investiguen las irregularidades y se presenten las sanciones en contra de los funcionarios que actuaron con negligencia criminal.

La querella es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer; y el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, respecto de los errores e irregularidades de la campaña de vacunación.

“Situación con la cual, se está vulnerando el derecho a la protección de la salud y existen posibles afectaciones al gasto público, principalmente debido a que, millones de pesos invertidos en la adquisición del biológico que está próximo a caducar, podrían haberse tirado a la basura”.

Ramírez Barba puntualizó que mientras millones de vacunas están próximas a caducar, niños y adolescentes han enfrentado la pandemia en total desprotección del Gobierno Federal, “pues se han empeñado en decir que son poco afectados por el coronavirus y que por ello no hay la necesidad de inmunizarlos contra el virus”.

Ya son diversos los amparos presentados por padres de familia para que el Gobierno aplique la dosis a niños y adolescentes, “es clara muestra de que la política de vacunación no está funcionando”, sostuvo.

También explicó que desde el 24 de junio de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia del fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech para ser administrado a mayores de 12 años y ya hay evidencia de su uso para mayores de 5 años.

El legislador consideró “incomprensible” que la federación tenga almacenadas más de 14 millones de dosis; y a días de vencer su caducidad, las estén aplicando con toda urgencia en espacios públicos, “como no ocurrió durante la parte más letal de la pandemia, lo que refleja la falta de capacidad de planeación y la negligencia de las autoridades de salud federales”.

Es urgente que la Auditoría Superior de la Federación investigue que pasará con esa gran cantidad de dosis que posiblemente no se administrarán, e inicie una investigación para verificar si la negligencia en la administración de estos lotes constituye un daño patrimonial a la hacienda pública y una violación del derecho a la salud para la población, sobre todo menores de edad, que no han sido vacunados, concluyó.