Tomado de EMEEQUIS
Una mañana de mayo de 2023, Carlos Castro, chofer adscrito a la dirección de vialidades de la secretaría de obras públicas de Quintana Roo, recibió la orden de su jefe inmediato para trasladar un equipo de trabajo al tramo 6 del Tren Maya. La indicación fue la de asegurar la preservación de los vestigios arqueológicos encontrados en la zona con motivo de los trabajos que llevó a cabo el ejército mexicano para la construcción del Tren Maya.
Meses antes, en marzo de ese mismo año, una brigada de médicos y enfermeras adscritos a la Secretaría de Salud de Quintana Roo, salen de Chetumal hacia la población de Nachi Cocom, en el tramo siete del Tren Maya para dar apoyo como primeros respondientes en la atención médica de los obreros que están trabajando en este tramo.
En enero de 2022, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán comisiona a cuatro especialistas para trasladarse al tramo tres del Tren Maya, para llevar a cabo un estudio de la mecánica de suelos en las poblaciones de Chocholá, Kopomá y Maxcanú; este ejercicio para la Universidad Pública de Yucatán es motivo de “vinculación con la sociedad y genera ingresos propios para la Facultad de Ingeniería de la UADY”, además de “reforzar los vínculos con la iniciativa privada”, explica el informe firmado por Fernando Yamá.
Estos son apenas unos ejemplos de los 550 indicios que quedaron registrados, en los que los gobiernos de los estados donde pasa el Tren Maya: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, erogaron y usaron recursos que no se incluyen en la cuenta final de los costos de la mega obra, pero que al ser cubiertos por entidades públicas, representan afectaciones al erario, y por ende forman parte de la lista de gastos que no se contabilizan y se mantienen en un libro oscuro que incrementa un poco más los costos de la obra del sexenio.
El apoyo de los estados quedó registrado en estas operaciones que ponen al descubierto una serie de contribuciones que proporcionaron a la obra, y que generaron gastos que no aparecen en su totalidad referidos en la información contable correspondiente y que son distintos de los que se ejercieron a través de Fonatur, y de la Comisión Federal de Electricidad, donde esta última lleva hasta la fecha más de 14 mil millones de pesos ejercidos en diferentes obras que tienen por destino la infraestructura eléctrica del Tren Maya.
Los gastos en los que incurrieron los estados son de los llamados “costos ocultos”, es decir que no están considerados en la contabilidad general de la obra, pero que fueron parte de lo que los estados aportaron para poder llevar a cabo la construcción del tren.
¿QUÉ GASTOS HICIERON LOS ESTADOS EN EL TREN MAYA?
Solamente en el estado de Quintana Roo, se encontró el registro de 397 casos en las que el gobierno de aquel estado dejó asomar algunos pagos que corrieron a su responsabilidad, y que fueron en su mayoría erogados por la Secretaría de Obras Públicas.
Quintana Roo usó recursos públicos no cuantificados para otorgar atención médica a los obreros del tren, también empleó recursos para los levantamientos topográficos de los tramos seis y siete, participó en el desmonte y limpieza de la ruta de las vías y, no menos importante, destinó recursos para limpiar y cartografiar las áreas donde se encontraron vestigios arqueológicos. Los reportes de los levantamientos topográficos para delimitar si los vestigios se encontraron en el derecho de vía o de la propiedad ejidal o privada, son numerosos y corrieron por cuenta de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo.
Estos gastos no aparecen relacionados de manera directa con los trabajos para el Tren Maya, ya que no se incluyen en la Tesorería de Fonatur, ni de las Sociedades Anónimas constituidas bajo el amparo del derecho privado, pero que funcionan con recursos públicos creadas por el mismo Fonatur en administraciones pasadas pero que cobraron auge nuevamente en ésta para operar sin las reglas de la administración pública.
Campeche también dejó rastro de los gastos erogados y no contabilizados en la mega obra, principalmente el Estado de la ciudad amurallada se dedicó a la supervisión de los trabajos de las empresas de transporte de materiales, y también se hizo cargo de la extracción del material pétreo que se usó en la obra ferroviaria.
Según información recopilada de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Secretaría de Administración y Finanzas de Campeche se encargó del tema de los bancos de materiales pétreos, por lo que dejó evidencia de la supervisión y seguimiento que realizó de estos trabajos. La mayor parte de las 134 pistas que dejó el gobierno campechano de sus costos ocultos fueron por la extracción de materiales y supervisión de empresas transportistas, aunque también se encontró que la logística en las múltiples visitas del Presidente a los trabajos corrieron por cuenta y orden del estado.
En Chiapas, además de los egresos generados por la extracción de materiales y la supervisión de empresas transportistas que también hace Campeche en su área geográfica; la reubicación de familias que se encontraban en el paso del tren, también engrosó la cartera oculta. La Promotora de Vivienda del Estado de Chiapas absorbió la reubicación de las familias de las comunidades del municipio de Palenque a quienes les fueron expropiadas sus viviendas, según quedó constancia en el informe 0145/2022 del nueve de septiembre de ese año, en donde el Ingeniero Pérez López le informa al titular de la dependencia de los avances de la reubicación y los trabajos para la emisión de las escrituras de los nuevos predios a donde se trasladó a las personas.
En Yucatán, el gobierno estatal resultó en apoyos más del tipo de relaciones públicas, restando el tema del estudio de mecánica de suelos hecho por la universidad estatal, sus gastos se orientaron principalmente a la propaganda y difusión del tren, con reuniones y eventos para darlo a conocer con miras turísticas por parte de la secretaría de fomento turístico del estado; reuniones y ruedas de prensa con cargo al estado yucateco.
En Tabasco, su gobierno a través del sistema estatal de empleo se dedicó a realizar la selección de personal y contrataciones de los trabajadores de las empresas que fueron contratadas por el ejército para llevar a cabo las obras. La dependencia utilizó sus recursos y los puso al servicio de la federación para llevar a cabo los procesos de selección y contratación del personal que cubrió las vacantes en las empresas privadas contratadas por la Sedena para la construcción.
Llama la atención el estado de Puebla, que aunque no tiene nada que ver con el Tren Maya, erogó recursos públicos para la transmisión de un spot de televisión de 30 segundos.
Será difícil cuantificar esta cifra oscura de costos ocultos, ya que los estados incluyeron estos gastos dentro de su gestión ordinaria por lo que no se especifica lo erogado en el tiempo del personal, vehículos, y gastos indirectos, pero que sin duda hacen crecer el monto de lo que se invirtió en la obra insignia del sexenio.
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