EXPEDIENTE | SERÁ AZUL LA CRUZ MORTAL DE SEYBAPLAYA

No se justifican los festejos por el anuncio de la llegada de la cementera Cruz Azul a territorio campechano. Se trató meramente de una operación de compraventa directa entre esa empresa y Montserrat, en la que el Gobierno de Todos no tuvo nada que ver. Mintió una vez más la gobernadora Layda Sansores al presentarlo como un logro de gestión de su Administración. ¿No le dará vergüenza mentir a cada rato?

Emocionada por finalmente cortar su racha de tres años sin atraer inversiones, la gobernadora se puso la camiseta del Cruz Azul sin pensar que para elaborar ese cemento requieren extraer yeso, el cual se encuentra dentro de la Biosfera de Calakmul, esa misma que el año pasado amplió López Obrador para formar lo que llamó “el segundo pulmón más grande del continente”.

¿Quién se aventará el tiro de darles el permiso de Impacto Ambiental? Porque si la empresa recibe esos permisos, los campechanos tendrán que afrontar la cruda realidad y empezar a planear cómo librar los riesgos, peligros, amenazas y daños que sin duda va a generar en la región de Seybaplaya esa factoría.

De acuerdo con los primeros informes oficiales proporcionados por esa empresa, luego de los anuncios pomposos de la fantasiosa y mentirosa gobernadora Layda Sansores, que no tuvo nada que ver al respecto, la planta estará instalada en Seybaplaya, donde actualmente opera la fábrica de la cementera Monserrat, que la inversión total de su llegada será de unos 300 millones de dólares, y que estiman que ocuparán al menos a dos mil personas durante su construcción y aproximadamente 350 empleos directos cuando concluya la primera etapa.

Una buena noticia sin duda alguna, por lo que significa para nuestro Estado la nula llegada de inversiones desde que Layda Elena Sansores asumió el poder, por lo que pudiera representar también para detonar el desarrollo en la región de Seybaplaya y su puerto marítimo y por los beneficios económicos que se deberán percibir con la operación de esa planta.

Sin embargo, no podemos irnos con la finta y cerrar los ojos ante los peligros, amenazas y riesgos que también representará la llegada de esa cementera.

De entrada habrá que revisar los conflictos que enfrenta la empresa Cruz Azul en los Estados donde tiene instaladas sus plantas. En todos lados mantiene demandas por afectaciones al medio ambiente, a la producción agrícola, a los mantos freáticos y por incumplimiento de sus obligaciones para las comunidades en donde tiene impacto su presencia.

Por ejemplo, en Puebla, los habitantes de Tecamachalco, Palmar de Bravo y Quecholac, denuncian una “catástrofe ecológica” por la operación de esa planta cementera, aseguran que hay severas afectaciones “y daños a la salud y al medio ambiente incalculables”, que amenazan la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán. Acusan “daños y devastación del suelo” y el manto acuífero.

El presidente de la asociación ambientalista Ecotuzuapan, Maurilio Rosas Morales, y el secretario Lucio Salvador Pérez, señalaron que Cruz Azul les ha traído más perjuicios que beneficios. A una década de su instalación en la zona de Tuzuapan, Municipio de Quecholac, la empresa sólo ha causado contaminación a los pozos de agua y cultivos de hortalizas, a la Reserva de la Biosfera Tehuacán–Cuicatlán, y provocó en los últimos tres años la muerte de cinco personas por cáncer de enfisema pulmonar por la inhalación del polvo.

Rosas Morales informó que incluso en las últimas semanas aumentaron de cinco a 10 las detonaciones diarias para la extracción de material pétreo, lo cual ha provocado el desplazamiento del 10 por ciento de seis mil pobladores.

Y qué curioso, el diputado federal por Morena, Rodrigo Abdalá, del mismo partido en que milita la gobernadora Sansores, principal promotora de la llegada de esa empresa contaminante, denunció que Cruz Azul ha causado problemas de salud y daños al medio ambiente en las citadas zonas, que incluyen la muerte por enfisema pulmonar.

En Oaxaca, la cementera incumplió diversas normas (carecía de la actualización de la licencia ambiental única, aumento de producción y no evaluar las emisiones de partículas generadas en cuatro trituradoras) por lo que fue clausurada parcialmente por la Profepa. Denuncias y quejas de los habitantes de la localidad Lagunas, Municipio de El Barrio de la Soledad, Oaxaca, son cosa de todos los días.

Por si fuera poco, la cementera que opera en Seybaplaya, la cual será absorbida por Cruz Azul, acumula demandas ante la Profepa por contaminación de las costas. Pescadores denuncian severas afectaciones a la zona costera, al lanzar desechos químicos al mar y rellenar terreno, lo que ha derivado en perdida de pulpo, caracol, jaiba y tortuga marina.

No podemos imaginar cómo se multiplicarán las afectaciones a la Biosfera de Calakmul para extraer el yeso, al Municipio de Escárcega, para detonar el material pétreo y a la zona costera seybana, si de antemano la cementera no acredita los estudios de impacto ambiental debidamente autorizados, ni anticipa cómo se evitará que lo que aún sigue siendo un paraíso para la pesca y el turismo, no se convertirá en unos pocos años en un desierto cubierto de polvo blanco altamente contaminante.

Nadie desea que se alejen las inversiones de Campeche, ni habrá un campechano bien nacido que se oponga al desarrollo, pero tampoco se trata de entregar nuestros recursos naturales para la devastación ambiental, en aras de un temporal espejismo que pudiera traer más resultados contraproducentes que beneficios, como se aprecia que ocurre actualmente, por ejemplo en Puebla, por los efectos nocivos de esa empresa cementera.